Siete años después del feminicidio de Fernanda Cadena Martínez, la justicia podría dar un giro significativo. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentará un proyecto de sentencia este 15 de enero ante la Primera Sala, proponiendo amparar a Graciela Martínez Domínguez, madre de la víctima. Martínez busca que se imponga la pena máxima al feminicida de su hija, Samuel “N”, quien actualmente cumple una condena de 37 años y seis meses de prisión.
El caso ha tenido un largo recorrido legal. Inicialmente, la entonces Procuraduría capitalina acusó a Samuel “N”, escolta de un funcionario público, de homicidio culposo. Tras una ardua lucha de la familia, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX reclasificó el delito como feminicidio agravado en 2022. Un juez de primera instancia condenó a Samuel “N”, sentencia confirmada posteriormente por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
Sin embargo, la madre de Fernanda considera que la pena impuesta es insuficiente, argumentando que no se consideraron agravantes del crimen. Un tribunal colegiado rechazó su amparo, alegando que solo el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar la pena máxima. Ahora, el ministro Alcántara Carrancá considera que la víctima, a través de sus familiares, sí tiene legitimación para impugnar la sentencia.
El ministro argumenta que la Primera Sala de la SCJN ha establecido la legitimidad de las víctimas para impugnar la individualización de las penas en amparo directo. Si la propuesta es aprobada, la Corte ordenará al tribunal federal que revise el caso y determine si la pena impuesta es correcta, considerando las circunstancias del feminicidio. De ser necesario, se podría ordenar una nueva sentencia con la pena máxima, que actualmente en la Ciudad de México es de 70 años. Este caso resalta la persistente lucha de las familias de víctimas de feminicidio por acceder a una justicia plena.
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