La Ministra Loretta Ortiz Ahlf de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentará un proyecto de resolución el próximo 13 de agosto en el que propone confirmar la constitucionalidad de las penas impuestas por el delito de trata de personas, específicamente en casos de compartir videos de menores de 18 años en actos sexuales.
El proyecto, que se discutirá en la Primera Sala de la SCJN, busca negar un amparo a un sentenciado a 15 años de prisión por este delito, la pena mínima establecida en el artículo 16 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. El quejoso argumentó que la pena es desproporcionada.
La Ministra Ortiz Ahlf argumenta que la trata de personas es un delito complejo que implica una variedad de abusos, maltratos y violaciones a la dignidad humana. En su proyecto, afirma que la pena de 15 a 30 años de prisión, prevista en la ley, es proporcional a la gravedad del delito y a la vulnerabilidad de las víctimas, principalmente mujeres, niñas, niños y migrantes.
La Ministra destaca que la trata de personas es una forma moderna de esclavitud y una grave violación a los derechos humanos. Reconoce la importancia de la Ley General en materia de trata de personas para dotar a las autoridades de las herramientas necesarias para investigar, perseguir y sancionar este tipo de delitos.
El artículo 16 de la ley en cuestión contempla penas de 15 a 30 años de prisión y multas de 2,000 a 60,000 días, además del decomiso y destrucción de materiales resultantes del delito. Esto se aplica a quienes, por cualquier medio, procuren, promuevan, obliguen, publiquen, gestionen, faciliten o induzcan a menores de 18 años o personas incapacitadas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines sexuales para producir material fotográfico o videográfico.
La decisión de la Suprema Corte tendrá un impacto significativo en la aplicación de la ley contra la trata de personas en México y marcará un precedente en la interpretación del principio de proporcionalidad en la imposición de penas para este tipo de delitos.
