Joaquín Castello Pérez, empresario del plástico en la alcaldía Iztapalapa, conocido como «El Zar del Plástico», se encuentra bajo investigación por graves acusaciones de abuso infantil, corrupción de menores y violencia familiar.
Las denuncias, presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, revelan un panorama desgarrador de violencia y desprotección hacia dos menores de edad, hijos del empresario.
Las carpetas de investigación CI-FIDCANNA/59/UI-2 C/D/00964/03-2023 y CI-FIDCANNA/59/UI-3C/D01182/03-2024, entre otras, detallan las acusaciones contra Castello Pérez, incluyendo violencia física que ha dejado a sus hijos con lesiones graves que requirieron hospitalización.
Según las declaraciones de los menores, de 6 y 8 años, su padre los agredía física y verbalmente, utilizando insultos y groserías. Los niños también denunciaron ser obligados a consumir alcohol en fiestas organizadas por su padre, además de ser expuestos a situaciones inapropiadas, como material pornográfico y la presencia de mujeres desconocidas. Una de las acusaciones más graves es que Castello Pérez habría enseñado a sus hijos a manipular armas de fuego.
La Fiscalía ha emitido órdenes de restricción para proteger a los menores y evitar el contacto con su padre. Sin embargo, se han presentado denuncias sobre la posible corrupción en el Poder Judicial, lo que habría permitido la revocación de algunas de estas medidas, dejando a los niños en una situación de vulnerabilidad.
En junio de 2024, se solicitó al Ministerio Público Cristóbal Manuel Trejo, de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, ampliar las medidas de protección para los menores. Sin embargo, esta solicitud no fue atendida.
Los delitos imputados a Joaquín Castello Pérez incluyen violencia familiar, corrupción de menores y poner en riesgo la vida de menores. Las Cédulas de Detección de Riesgo por Violencia en Niños y Niñas de la Fiscalía, aplicadas a los menores, confirman las agresiones y humillaciones del padre, incluyendo un episodio en el que la menor sufrió una luxación de hombro debido a las agresiones.
Los menores también corroboraron constantes episodios de violencia contra su madre, lo que agrava la situación y evidencia un patrón de comportamiento abusivo por parte de Joaquín Castello Pérez.
Las consecuencias de estos actos podrían ser devastadoras para los niños, tanto a corto como a largo plazo, incluyendo traumas psicológicos, dificultades de aprendizaje y problemas de conducta. Las autoridades están evaluando a los menores para determinar el alcance de estos impactos y brindarles la atención especializada que necesitan.
Este caso ha generado gran conmoción en la sociedad, exponiendo la urgente necesidad de proteger a los niños de la violencia y el abuso. La Fiscalía y el Poder Judicial deben actuar con celeridad y eficacia para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores involucrados.
La investigación se encuentra en curso, y se espera que las autoridades investiguen a fondo las denuncias de corrupción y se tomen medidas para garantizar que los menores reciban la protección que necesitan. La sociedad se encuentra a la espera de que se haga justicia en este caso y se proteja a los niños de la violencia y la desprotección.
