Integrantes de la mesa directiva de JUFED, liderados por su Directora Nacional, jueza Juana Fuentes Velázquez, sostuvieron una reunión con funcionarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que documentaron los preocupantes avances de las reformas promovidas por el Gobierno de México para afectar la independencia judicial de las personas juzgadoras y la nula disposición a la negociación.
Aunado a ello este lunes se dará a conocer una petición firmada por mil 100 jueces federales, dirigida a dicha Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la reforma judicial que considera “la destitución masiva de los juzgadores mexicanos”, para relevarlos por jueces electos popularmente, y con ello, “acabar con la independencia judicial”.
Ademñas, en la reunion de este juves, la Jufed le señaló al organismo internacional que el discurso oficial ya enfatiza “las consecuencias penales a las que se enfrentarían los juzgadores federales mexicanos por defender la división de poderes.
A su vez, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) expresó su preocupación por la independencia judicial en riesgo en varios países de la región, incluido México, debido a la implementación de la reforma judicial, y solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia para analizar las causas de esta problemática, incluyendo la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) en México.
La FLAM considera que la propuesta de nombrar jueces a través del voto popular podría aumentar la politización del poder judicial, comprometiendo su imparcialidad. También señalaron que los ataques a la independencia judicial en la región vulneran los derechos fundamentales de los magistrados y debilitan la confianza pública en la justicia.
En el caso específico de México, la FLAM criticó la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que podría desconocer los derechos adquiridos de forma legítima por los magistrados y generar un sometimiento de los jueces, vulnerando la independencia del Poder Judicial y el principio de la división de poderes.
Además, integrantes de la mesa directiva de JUFED, presentaron ante la CIDH los avances de las reformas promovidas por el Gobierno de México, que dijeron son para afectar la independencia judicial de las personas juzgadoras y la nula disposición a la negociación.
Asimismo, hicieron saber del acrecentamiento del clima de hostilidad en contra de la judicatura en las últimas horas, como consecuencia de la decisión de someter a votación la suspensión de actividades ante dicha reforma y la nula disposición de negociación por parte de los legisladores y el Poder Ejecutivo, violando así las convenciones internacionales.
Y la Jufed expuso que el discurso oficial enfatizó las consecuencias penales a las que se enfrentarían los juzgadores federales mexicanos por defender la división de poderes y oponerse a la propuesta de elección popular de personas juzgadoras, inclusive por medio de la utilización de un sistema de “sorteo”.
En la reunión virtual estuvieron presentes, por parte de la CIDH, Andrea Pochak, encargada de temas relacionados con México; Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la CIDH; Fiorella Melzi, coordinadora del área de Monitoreo 1 que comprende los asuntos de México y Centroamérica, así como la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia; María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos, y Monserrat Peniche especialista en Derechos Humanos.
