El Senado de la República aprobó en lo general la reforma constitucional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con la que se pretende eliminar las llamadas “pensiones doradas” que reciben algunos exfuncionarios y altos mandos de organismos públicos y empresas estatales.
Con 116 votos a favor en el pleno, la iniciativa fue avalada para modificar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establecer un límite a las jubilaciones y pensiones en el sector público, de manera que ninguna persona servidor público pueda recibir ingresos superiores a la mitad de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.
La reforma busca recortar hasta 80 por ciento las pensiones consideradas excesivas, que en algunos casos llegaban a cifras millonarias, y redirigir los recursos públicos hacia programas sociales y sectores vulnerables sin afectar a los trabajadores con pensiones normales.
La propuesta ya había sido aprobada por unanimidad en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, donde se destacó que la medida limitará los privilegios en jubilaciones de exfuncionarios de entidades como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la banca de desarrollo y otros organismos descentralizados.
La reforma pasará al proceso legislativo correspondiente en las cámaras locales tras su aprobación por el Senado, como parte de las acciones del gobierno federal para ajustar el gasto público y fomentar la austeridad republicana.
