Luego de rechazarse la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum,
el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) indicó que se mantiene abierto al diálogo con Morena para abordar la reforma electoral impulsada por el gobierno federal, pero advirtió que revisará con rigor cualquier “Plan B” que se pretenda implementar si la propuesta no prospera y que estaría dispuesto a impugnarlo si considera que vulnera disposiciones constitucionales.
El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, destacó que su partido ha participado en mesas de diálogo y está dispuesto a escuchar y debatir propuestas en torno a los cambios planteados al sistema electoral, especialmente en temas como la asignación de diputados plurinominales y el financiamiento de los partidos. Sin embargo, aclaró que estar abierto al diálogo no implica un aval automático a propuestas que puedan debilitar la pluralidad política o la representación de las minorías en el Congreso.
La apertura al diálogo se da en un contexto en el que la reforma constitucional en materia electoral, enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfrenta resistencias incluso entre aliados de la coalición gobernante. En comisiones de la Cámara de Diputados, el dictamen fue aprobado únicamente con los votos de los legisladores de Morena, mientras que PT, PVEM y partidos de oposición se opusieron ante la falta de consenso sobre varios puntos clave.
Velasco subrayó que cualquier ajuste constitucional debe analizarse con responsabilidad y que no respalda cambios que puedan debilitar los principios democráticos. Aunque el PVEM mantiene su alianza con Morena rumbo a los procesos electorales de 2027, insistió en que el debate debe ser incluyente y respetar la Constitución.
Si el proyecto original de reforma no obtiene el respaldo suficiente en el pleno de la Cámara de Diputados —como se anticipa ante la división de votos—, Morena buscará activar un denominado “Plan B” para seguir impulsando cambios en el sistema electoral. El PVEM advirtió que, de proponer alternativas que impliquen alterar de manera sustancial la Carta Magna sin consenso amplio, evaluará interponer los recursos legales pertinentes para impugnar dichas propuestas.
