Tras casi 13 horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo particular, con 322 votos a favor, la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
En ella queda firme que se pospone la elección de jueces y magistrados para el próximo 4 de junio del 2028.
No obstante, los diputados de Morena, Sergio Gutiérrez Luna y Guillermo Santiago presentaron una reserva para permitir la reelección de los actuales magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que les permitiría estar en funciones hasta 17 años.
Gutiérrez Luna explicó que el dictamen previo generaba una exclusión injustificada hacia el arbitraje electoral, toda vez que en las reformas constitucionales previas de 2024 ya se había otorgado el derecho de postulación a ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito.
«Con esta reforma se pretende evitar un trato diferenciado entre los ministros, magistrados y jueces de distrito que tuvieron en aquella reforma la opción de postularse a la elección que seguía y en aquel momento no se contempló a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral… Con esto también salvaguardamos el principio de igualdad y de no discriminación», apuntó.
Esta acción fue rechazada por un grupo de legisladores morenistas –encabezados por el vicecoordinador de esta grupo parlamentario, Alfonso Ramírez Cuéllar-, y del Partido del Trabajo porque “es incongruente y no va con los principios de no reelección” que tanto han defendido.
Asimismo, los diputados de oposición calificaron de “albazo”, ya que esta reserva no formó parte de las mesas de negociación y con ello se arruinaron los consensos que se venían construyendo.
“Manifestar la grave sorpresa que significa el albazo que ignora el diálogo… esta es una reserva conocida hace tres minutos. No podemos ser parte de la simulación”, sentenció el coordinador del PAN, Elias Lixa.
De igual forma, el vicecoordinador del PRI, Rubén Moreira alertó que los magistrados “van a llegar a 17 años en el ejercicio de su función y no prejuzgo su capacidad”, lo que “me preocupa es que mañana cambien y entonces venga la reelección para presidente de la república o gobernadores, esto contradice su discurso”.
Mientras que, Ramírez Cuéllar manifestó su absoluto rechazo a la reserva y es que dijo que es una contradicción con el modelo de renovación judicial impulsado por la reforma democrática de 2024.
Argumentó que la transformación del Poder Judicial tuvo como uno de sus principios fundamentales evitar la consolidación de élites permanentes dentro de los órganos jurisdiccionales, fortaleciendo en cambio la legitimidad democrática, la renovación periódica de los cargos y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.
«Aún no se ha secado la tinta de la reforma al artículo 55 y 54 de nuestra constitución y ya llega ahora otra propuesta, llena de trampas, que restaura la reelección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, manifestó.
Otra modificación que se avaló fue que la consulta de revocación de mandato no podrá realizarse de manera simultánea con las elecciones federales intermedias o presidenciales.
“Se plantea en el apartado tercero del artículo 35 de la Constitución y establece que la consulta de revocación de mandato se realice el 1 de junio del cuarto año del periodo constitucional”, puntualizó, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval.
Sobre este asunto se posicionó en contra, Rubén Moreira al decir que avalar la reserva no arregla el problema pues “para 2028 se pretende que la revocación se realice el mismo día de las elecciones locales en Oaxaca, Durango, Hidalgo y Tamaulipas”.
“Esto contraviene el pacto original; no podemos permitir que la consulta se lleve a cabo el primer domingo de junio, ya que la permanencia de la presidenta de la República se someterá a votación al mismo tiempo que se eligen gobernadores», puntualizó.
También se dejó en claro que la operación interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que podrá funcionar en dos secciones, y la presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
Y expusieron que el periodo de las magistradas y magistrados de circuito, así como de las juezas y jueces de distrito que resulten electos en el proceso del año 2028, tendrá una duración exacta de ocho años, concluyendo sus funciones en el año 2036.
Cabe destacar que durante la discusión de la reforma al Poder Judicial, la diputada morenista, Olga Sánchez Cordero presentó una serie de reservas enfocadas en fortalecer la estabilidad laboral de jueces, magistrados y trabajadores judiciales, así como en mejorar los mecanismos de selección y disciplina dentro del sistema judicial.
Esto no fue tomado en cuenta por los legisladores, y tras consultar la Mesa Directiva informó que no se admitía a discusión; por ende, se desechó.
Esta reforma a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos fue enviada al Senado de la República.
