La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que las recientes acciones y señalamientos provenientes de Estados Unidos en materia de seguridad deben analizarse a fondo, al plantear si tienen como objetivo la pacificación del país o si responden a intereses políticos y electorales.
Durante su posicionamiento, sostuvo que la relación bilateral en temas de migración y combate a la delincuencia organizada había alcanzado niveles de cooperación “históricos”, con resultados como la reducción del 97.5% en los encuentros de personas migrantes en la frontera norte. “Estamos colaborando muy bien… nunca antes visto la manera en que estamos colaborando”, afirmó.
No obstante, explicó que este escenario se modificó tras la detección de operaciones de agentes extranjeros en territorio mexicano sin autorización, particularmente en Chihuahua, lo que derivó en su retiro y en una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. “No pueden participar instituciones extranjeras ni personas extranjeras, porque eso violaría nuestra soberanía”, enfatizó.
En ese contexto, la mandataria se refirió a solicitudes de extradición contra funcionarios mexicanos en funciones y llamó a cuestionar su origen y propósito. “Vale la pena preguntarse… si realmente es un asunto jurídico, si realmente es un asunto de querer pacificar a México o hay otros intereses, como la elección en Estados Unidos o la elección que vamos a tener el próximo año”, expresó.
Además, advirtió sobre lo que calificó como una narrativa mediática sostenida desde procesos electorales previos. “Es muy relevante preguntarse por qué dicen que hay un ‘narcogobierno’ o un ‘narco partido’; es una narrativa que traen desde 2024”, señaló.
Indicó que esta narrativa forma parte de una ofensiva en medios y redes sociales. “Es una ofensiva mediática y de redes sociales, principalmente pagada por la ultraderecha mexicana y de otros lados del mundo”, afirmó, al insistir en la necesidad de analizar quién construye estos señalamientos y con qué fines.
Sheinbaum planteó que este contexto abre un debate de fondo sobre la soberanía y la legitimidad democrática. “¿Quién juzga eso? Porque si viene el cargo de un gobernador y luego otro y otro… ¿quién se vuelve el elector?”, cuestionó. En ese sentido, reiteró que la decisión sobre las autoridades corresponde exclusivamente a la ciudadanía. “Nosotros siempre hemos dicho: el pueblo pone y el pueblo quita”, sostuvo.
Aclaró que, en caso de existir investigaciones con pruebas suficientes, corresponde actuar a las instituciones mexicanas. “Si hay una investigación y pruebas suficientes, eso es otra cosa, y ya le corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial”, indicó.
La presidenta subrayó que este debate no debe limitarse a un momento coyuntural, sino analizarse en una perspectiva de largo plazo. “Es muy relevante cuestionarnos la situación que estamos viviendo y la visión a largo plazo… hasta dónde somos nosotros quienes decidimos en México o son de fuera los que deciden por nosotros”, dijo.
Recordó que este posicionamiento lo planteó previamente durante su discurso en el Monumento a la Revolución, en el marco de la conmemoración por el aniversario de su triunfo electoral.
Enfatizó que el eje central de su postura es la defensa de la soberanía nacional. “Este es un tema de soberanía… en nuestra Constitución se establece que la soberanía reside en el pueblo”, concluyó, al reiterar que México mantiene la disposición de colaborar con otros países, pero siempre bajo principios de respeto mutuo y autodeterminación.
