La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) expresó su rechazo categórico a los bloqueos, cierres viales y acciones que impiden la operación normal de restaurantes, – por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)- especialmente en zonas de alta actividad económica, turística y social como el primer cuadro de la ciudad.
El organismo reconoció el derecho a la libre manifestación, la protesta social y la expresión pública de demandas como garantías fundamentales en una sociedad democrática. No obstante, advirtió que ese derecho no debe justificar afectaciones graves, prolongadas y desproporcionadas contra terceros, ni traducirse en la paralización de la vida económica o en daños directos a quienes no forman parte del conflicto.
Señaló que los bloqueos no solo generan pérdidas económicas, sino que afectan de manera directa el derecho al trabajo, la movilidad, el ingreso familiar, el abasto y la seguridad, además de interrumpir una cadena productiva que inicia en el campo y concluye en la mesa de los consumidores.
Indicó que las principales afectaciones recaen en trabajadores del sector como cocineras, meseros, repartidores, personal de limpieza, administrativos y proveedores, quienes dependen de ingresos diarios y propinas, así como en pequeños negocios familiares que deben cumplir con pagos de nómina, renta, servicios e impuestos aun sin poder operar.
La CANIRAC subrayó que la industria restaurantera es uno de los principales generadores de empleo en el país y una actividad esencial para la economía, al vincular a productores, transportistas, mercados, centrales de abasto y destinos turísticos. Alertó que la paralización del sector impacta de forma directa a una amplia proporción de las actividades económicas.
El organismo sostuvo que, si bien la protesta no debe ser invisibilizada, tampoco pueden ignorarse los derechos de quienes resultan afectados. Consideró inaceptable que trabajadores, familias y sectores productivos sean utilizados como mecanismo de presión, y advirtió sobre el riesgo de dañar la imagen internacional del país en un contexto de alta visibilidad global.
En este sentido, hizo un llamado a las autoridades y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para actuar con responsabilidad y sensibilidad social, garantizar tanto el derecho a la manifestación como el de la ciudadanía a la movilidad y al trabajo, y mantener las demandas dentro de un marco institucional.
La Cámara solicitó que continúen las mesas de diálogo y negociación sin que la sociedad y los sectores productivos asuman los costos de la falta de acuerdos, y reiteró su compromiso con la legalidad, el diálogo institucional y la defensa de los derechos humanos.
