Castillo<span;>Claudia Bolaños<span;>Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, destacó la urgente necesidad de abordar la escasez de agua potable en México como una prioridad de seguridad nacional, dada la extensa área del país afectada por la carestía o sequía.
<span;>Abogó por incrementar la inversión pública en infraestructura hídrica, fortalecer los controles de calidad y combatir prácticas como la no facturación o el cobro irregular del agua. Subrayó la importancia de una nueva política de gestión del agua, que incluya actualización de marcos legales y regulatorios, ante el riesgo de una crisis social que afectaría especialmente a los sectores más vulnerables de la población, quienes destinan una proporción significativa de sus ingresos a la compra de agua embotellada y pipas.
<span;>La población de algunas zonas de la Ciudad de México no es la única que enfrenta este problema, según estudios de El Colegio de México (Colmex), el agua que se suministra en algunas partes de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California, sobrepasa los límites de contaminación.
<span;>Urge la toma de decisiones para que México cumpla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el número 6 que habla de agua limpia y saneamiento, como parte de las políticas para mejorar la vida y las perspectivas de las familias mexicanas.
<span;>Por ello se requiere invertir en modernización y conservación de infraestructura para una gestión más eficiente e incluso se debe analizar la conveniencia de permitir la inversión extranjera para enfrentar esta problemática, tomando en cuenta que se necesita una inversión promedio superior a los 86 mil millones de pesos anuales, durante los próximos ocho años para enfrentar la sequía y desabasto.
<span;>También, es momento que el sector empresarial asuma mayor responsabilidad en el tratamiento de las descargas hídricas, para luego aprovecharlas en el reúso, incluso como fuente de abasto a las redes, atendiendo así la creciente demanda en todo el país.
