El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general expedir la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, que se desprende de una iniciativa enviada por el jefe de gobierno, Martí Batres.
Asimismo, se quedó pendiente su votación en lo particular, toda vez que no hubo el quórum necesario para continuar con la discusión de este tema.
De acuerdo a legisladores de oposición, con esta norma se busca desaparecer los programas sociales de las alcaldías; “lo que violenta la propia Constitución de la Ciudad de México, que señala que autoridades del gobierno local y demarcaciones deben planear programas de bienestar social para los capitalinos”.
Al hacer uso de la voz, la vicecoordinadora del PRD, Polimnia Romana aseguró que sostuvo que diversos artículos de la iniciativa son inconstitucionales y, en caso de aprobarlos, podrían echarlos abajo mediante diversos mecanismos legales ante la Suprema Corte de Justicia de a Nación.
Agregó que “hay vicios de interpretación, duplicidades y contradicciones en la generación y ejecución de las políticas de bienestar a que se refiere la Ley, en detrimento de la de población”.
Además dijo que “la iniciativa enviada del jefe de Gobierno, Martí Batres sí considera a las Alcaldías en la articulación y coordinación de los programas y acciones sociales”, no obstante, “sin justificación, las comisiones dictaminadoras, modificaron la iniciativa original, eliminando con este dictamen, las referencias a las acciones de las alcaldías en 10 disposiciones de esta ley”.
“Es evidente que el presente dictamen elimina las atribuciones de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas materia de desarrollo económico y social, educación y cultura, y de protección al medio ambiente, cuando la tendencia en las últimas décadas ha sido descentralizar, tanto en el ámbito federal como el local”, afirmó.
Por su parte, la morenista, Valentina Batres apuntó que la oposición solo busca confundir pues “las alcaldías siguen teniendo autonomía de gasto”, es decir, podrán decidir a qué política social destinarán sus recursos puesta esta “garantizado por la Constitución y las leyes”.
“Querer engañar a la población de que esta formulación es nueva. No, no, no. Existe ya desde hace mucho tiempo, más allá del 2010, y era parte del marco jurídico de la ley de desarrollo social. Más bien, lo que pasa es que a rio revuelto quieren sacar ganancia de pescador, pero la gente ya los conoce bien, son unos simuladores, y la gente los tiene identificados como los enemigos de la política social, como los que ponen los grandes diques y obstáculos para que se combatan las desigualdades que ellos mismos causaron en sus gobiernos”, apuntó.
En tanto, la priista, Marta González dejó en claro que los programas sociales de las demarcaciones son complementarios de los apoyos que brindan la autoridad del ejecutivo local.
“El PRI ha sido lo suficientemente responsable como para saber que los programas sociales han desempeñado un papel crucial en la lucha contra la pobreza, que no le mientan a la ciudadanía… porque los programas sociales iniciaron cuando el PRI era gobierno, los programas sociales iniciaron con presidentes gobernadores priistas y lo sigue llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador, un expirista que no se les olvide”, destacó.
Se prevé que sea la próxima sesión cuando se continúe con la discusión.
