La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a cuatro victimas de la llamada Guerra Sucia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue la comisión de delitos de lesa humanidad.
La Suprema Corte le dio a la FGR un plazo de 12 meses para que determine si ejercerá el ejercicio de la acción penal o, en su caso, concluye con el no ejercicio por falta de pruebas.
Las cuatro personas protegidas son familiares de Lucio Cabañas, líder estudiantil y del grupo armado Partido de los Pobres, quienes fueron víctimas de delitos de lesa humanidad, como desaparición forzada y tortura, cometidos por personal de la Dirección Federal de Seguridad y la policía militar en la década de los setenta durante la Guerra Sucia.
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue aprobado por una mayoría de cuatro votos, y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se opuso a la resolución.
En 2022, la Fiscalía General de la República decidió no ejercer la acción penal, por lo que las víctimas buscaron amparo en la justicia federal.
Después de obtener un amparo con un juez de distrito, la fiscalía presentó un recurso en contra, argumentando que en el momento de los hechos no estaba en vigor el Estatuto de Roma, por lo que los delitos cometidos durante la Guerra Sucia habían prescrito.
No obstante, el ministro González Alcántara Carrancá resaltó en su análisis del caso algunos criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual sostiene que los países no pueden utilizar la prescripción de delitos o la amnistía como excusa para no investigar crímenes de lesa humanidad, dada la gravedad de la violación a los derechos humanos que representan dichos actos.
La Suprema Corte otorgó a la FGR un plazo de 12 meses para que decida si ejercerá la acción penal o, en su defecto, concluirá con la no acción penal por falta de pruebas.
El ministro González Alcántara Carrancá destacó en el estudio del caso algunos criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual considera que los países no pueden argumentar la prescripción de delitos o la amnistía para no investigar crímenes de lesa humanidad, debido a la gravedad que representa esa violación a los derechos humanos.
¿Qué fue la Guerra Sucia en México?
Según el Doctor en Ciencias Sociales por la UAM, Jorge Mendoza, en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX en México, surgieron varios grupos guerrilleros en diferentes regiones del país, tanto en zonas rurales como Guerrero, como en las principales ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Ante esta proliferación de grupos armados, el Estado mexicano decidió enfrentarlos no mediante el cumplimiento de la ley, sino a través de la violencia, la cual superaba los límites legales establecidos en nuestro país.
Esta estrategia aterradora de combatir a los guerrilleros se conoce como «guerra sucia». En esta «guerra sucia» implementada por el gobierno, se llevaron a cabo diversas prácticas, como detenciones ilegales, desapariciones forzadas, arrestos de familiares de guerrilleros y torturas.
La tortura, tanto física como psicológica, fue infligida tanto a hombres como a mujeres acusados de ser guerrilleros o de colaborar con estos grupos. Desde marcas, golpes y mutilaciones, hasta la introducción de objetos en el cuerpo, fueron algunas de las formas en las que se manifestó la tortura durante esta «guerra sucia».
Basándose en varios testimonios, este texto reconstruye, desde la perspectiva de la memoria colectiva, algunas experiencias de esas décadas, mientras que también arroja luz sobre el ejercicio de la violencia que aquellos que ejercen el terror a través del poder infligen en los cuerpos de las personas.
