La obligación del Estado es implementar una estrategia para erradicar la trata de personas con un enfoque integral, estructural e interseccional, atendiendo sus causas, contextos y comprendiendo la complejidad de las redes que lo hacen posible, así como eliminar las barreras que enfrentan las personas para poder acceder a la justicia, coincidieron especialistas, académicos, representantes de organizaciones civiles y personas servidoras públicas al subrayar la importancia de que las víctimas de este delito no sean revictimizadas al momento de acudir a las autoridades para denunciarlo.
En la inauguración del Congreso Nacional sobre Trata de Personas “Contextos desiguales y crisis
transnacional. Hacia un enfoque estructural para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas”,
organizado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), magistrada Taissia Cruz Parcero, comentó que eventos como éste ponen en el centro de atención a las personas y enfatizan la responsabilidad de las instituciones y la sociedad civil para erradicar delitos violatorios de los derechos humanos.
Indicó que en el caso de la Defensoría Pública, su función es la de acompañar a las mujeres que, tras haber sido víctimas de explotación, son enganchadas por las propias organizaciones criminales que las violentaron para que participen, de alguna manera, en la comisión del delito en perjuicio de otras.
“Esto sigue sucediendo y tenemos, hoy por hoy, distintos procesos en los que intervenimos en la
defensa de mujeres, algunos con una gravedad inusitada”, dijo Cruz Parcero.
Por su parte, el director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos
Internacionales del CJF, Arturo Guerrero Zazueta, explicó que durante los dos días se analizará esta problemática a partir de cuatro enfoques: primero, la revisión de la trata de personas como una grave violación a derechos humanos y entender cuáles son sus diferencias con la esclavitud y otras formas de explotación.
Segundo, se estudiará como delito, desde la óptica de la persecución a nivel penal, pero también con fines de reparación del daño; tercero, será verlo como una deuda en términos de acceso a la justicia y, cuarto, con la intención de encontrar las mejores soluciones para las personas que lo han sufrido o lo viven actualmente.
Durante el Congreso Nacional se realizarán cinco mesas de análisis y una conferencia magistral sobre la “Crisis de la desigualdad y contextos que potencializan la trata de personas”. Participarán especialistas, académicos y personas servidoras públicas nacionales e internacionales expondrán sus experiencias.
