La consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, denunció que la iniciativa de reforma judicial se basó en información errónea.
Según López Benítez la acusación de corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF) desde el micrófono presidencial, sin presentar pruebas, es preocupante.
«La iniciativa de la reforma partió de información que no fue fidedigna,» declaró la consejera durante el foro «Desafíos de la independencia judicial frente al caso mexicano.» «Se hablaba de corrupción desde el micrófono presidencial, y hoy en día, con otra persona al mando, pero con el mismo micrófono, se sigue hablando de corrupción sin pruebas.»
López Benítez enfatizó que la falta de pruebas en estas acusaciones es lo más inquietante. A pesar de ello, la consejera destacó que desde 2018 se han aplicado más de 9,500 medidas preventivas y correctivas en materia de disciplina judicial.
Por otro lado, la jueza federal Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), criticó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma judicial.
«La decisión de la SCJN sobre la reforma judicial deja el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales en manos políticas,» señaló Fuentes Velázquez. «Es muy probable que las decisiones judiciales se tomen en base a intereses personales, más que a la justicia.»
La jueza expresó su preocupación por la influencia política en la justicia, comparando la situación con países donde la democracia es simulada. «Tenemos un partido oficialista que propone, aprueba y aplica la ley, todo con el mismo matiz político,» concluyó Fuentes Velázquez.
