La denuncia por contrabando derivado del decomiso de 260 mil piezas que ingresaron ilegalmente al país y que se comercializaban en la Plaza comercial Izazaga 89, en el Centro Histórico, es materia de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de un delito del orden federal.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio aplica en aquellos casos donde las investigaciones comprueban la comisión de ilícitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el secuestro; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquimicos; contra la salud; trata de personas y delitos por hechos de corrupción.
El Poder Judicial de la Federación cuenta con jueces especializados en la materia, los cuales determinan la pérdida o no de los derechos de la persona en relación a los bienes que son utilizados para la comisión de dichos ilícitos.
Autoridades consultadas sobre el particular, mencionaron que esta investigación no es competencia de la Fiscalía General de Justicia capitalina, a pesar de que cuenta con una fiscalía especializada en materia de extinción de dominio.
De hecho, en la FGJ se comentó que no ha llegado denuncia sobre este particular y en cuanto suceda, tendría que analizarse y en su caso hacer desglose por incompetencia al Ministerio Público Federal.
El titular de la Secretaría de Economía del gobierno federal, Marcelo Ebrard Casaubón informó en entrevista con el periodista Manuel López Ssn Martín que la denuncia ya se presentó ante la Fiscalía correspondiente.
Ésta, seguirá el curso para la aplicación de la ley de extinción de dominio al predio de Izazaga 89, mejor conocida como la plaza de los chinos.
El jueves pasado, la Secretaria de Economía en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, efectuaron un operativo en dicha plaza, donde aseguraron mercancía que ingresó al país de contrabando.
Dos días después, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) colocó sellos de suspensión de actividades en el citado inmueble, por carecer de documentación y permisos para su operación, además que infringía diversas normativas.
De hecho, los dueños de la plaza no acreditaron con documentación la fusión legal de los dos pedidos, por lo que con ese cúmulo de irregularidades, la autoridad colocó los sellos de suspensión de actividades.
