Una jueza federal rechazó la solicitud para modificar la prisión preventiva de dos militares, el capitán José Martínez Crespo y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En dos audiencias virtuales celebradas el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, la Jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, mantuvo la prisión preventiva justificada. La jueza argumentó que ambos militares representan un riesgo para las víctimas y que las penas por los delitos que se les imputan son considerables. En el caso del capitán Martínez Crespo, la jueza destacó la falta de arraigo en su domicilio actual. Respecto al subteniente Pirita Ochoa, la jueza señaló la existencia de dos carpetas de investigación en su contra, evidenciando una presunta mala conducta.
Los abogados de los militares argumentaron que sus clientes no intentarían evadir la justicia, considerando sus años de servicio al país (más de 35 años en el caso del capitán) y los beneficios que perderían, incluyendo aquellos relacionados con su salud, como una reciente cirugía a corazón abierto. También destacaron el riesgo de enfrentar nuevos cargos en el fuero militar.
Este fallo se produce en el contexto de las 83 órdenes de aprehensión emitidas en 2022 contra militares del 27 y 41 batallones de Iguala, de las cuales 20 fueron contra mandos militares. Aunque la FGR inicialmente desistió de 16 de estas órdenes, las reactivó un año después, llevando a la detención de varios militares. La decisión de la jueza mantiene la presión sobre las Fuerzas Armadas en relación a su papel en la tragedia de Ayotzinapa.
