Luego de haber participado en un triple homicidio de custodios de valores y el robo de casi 8 millones de pesos, Arturo A.T. recibió sentencia del Juez 26 Penal del Reclusorio Oriente, quien le impuso 31 años 05 meses y 28 días de prisión.
Informes judiciales refieren que la mañana del 13 de julio del año 2003, tres empleados de una empresas de traslado y custodia de valores, se encontraban en la sucursal 070 del Banco Bital, en la avenida Doctor Vertiz y Torres Adalid, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.
Ahí, llegaron los sentenciados Ericka Iris M.G. y José Luis M.N. alias “el Chino”, con armas de fuego y un cómplices más dado a la fuga, Julio M.R.
Amagaron a los custodios, obligándolos a ponerse en marcha con la unidad de traslado de valores sobre Doctor Vértiz y al llegar a la esquina de Concepción Bieistegui, detienen a la unidad.
Bajaron del vehículo de valores y uno de los implicados Julio M.R. junto con otros sujetos prófugos exigen a una mujer custodia, única sobreviviente, que les entregue el dinero que llevaban.
Les entregó seis bolsas seis bolsas que contenían la cantidad de 7 millones 919 mil 300 pesos en efectivo.
En ese instante, según los informes de la carpeta judicial, arribó un taxi Volkswagen, Sedan, verde ecológico con placas de circulación L75155, conducido por el ahora sentenciado Arturo A.T.
Después, el aún prófugo Juliio M.R. asesinó a balazos a Aaron Omar “N”, Luciano “N” y Jesús Manuel “N”, empleados de la empresa de traslado y custodia de valores Tameme, señalan los informes.
Una vez cometido el triple crimen y el millonario robo, huyeron en dicho taxi que consiguió el acusado Arturo A.T.
Tras ser capturado por agentes de la entonces Policía Judicial, el implicado, operador del taxi ecológico, fue procesado y enjuiciado.
El juzgador le impuso además al pago de una multa, indemnización por reparación del daño físico y moral.
No obstante en acato a un amparo de un Tribunal federal, la Cuarta Sala Penal del Poder Judicial capitalino ordenó la reposición del proceso, a efecto de que se verifique la autorización de los licenciados en derecho que asistieron al
sentenciado y se realicen dictámenes psicológicos y médicos, acorde al protocolo de Estambul.
