Ministro de la Corte Suprema busca frenar sacrificios animales en sectas
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto para validar los artículos del Código Penal de la Ciudad de México que penalizan el maltrato animal. Estos artículos, que establecen penas de prisión por maltrato y crueldad animal, fueron impugnados por una seguidora de la santería cubana, quien argumentó que infringen su libertad religiosa.
La demandante alegó que la santería cubana, o religión tradicionalista ifá-orisha, incluye rituales que implican la inmolación de animales como parte de la veneración a sus deidades. Afirmó que la prohibición de estos actos atenta contra su práctica religiosa, argumentando que «sin inmolación no hay religión». Además, señaló que las reformas al Código Penal de 2023 invaden la competencia federal en materia de culto público y asociaciones religiosas, y que la norma genera discriminación contra los practicantes de la santería.
Sin embargo, el ministro Alcántara Carrancá argumenta en su proyecto, que se discutirá en la Primera Sala de la Corte el 22 de enero, que la protección animal no implica una violación a la libertad religiosa. Cita el artículo 24 constitucional, que prohíbe al Congreso de la Unión dictar leyes que establezcan o prohíban una religión, pero enfatiza que esto no impide a la Ciudad de México legislar para proteger a los animales. El ministro destaca la competencia de las entidades federativas para regular aspectos relacionados con la vida animal que no estén comprendidos en la protección ambiental.
El proyecto del ministro detalla las sanciones establecidas en los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal: tres años de prisión por maltrato animal con lesiones, y de dos a seis años por causar la muerte del animal, con aumentos de pena en casos de crueldad extrema. Se enfatiza que la finalidad de estas leyes es proteger a los animales, no prohibir ninguna religión en particular. El ministro destaca que la reforma se justifica por la alta incidencia del maltrato animal en la Ciudad de México y la necesidad de proteger a los animales como sujetos de derechos, tal como lo reconoce la Constitución local.
