SCJN deja intactas reformas que concentran poder en la presidenta del INE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en contra de las impugnaciones presentadas por Movimiento Ciudadano (MC) y el PRI contra las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), permitiendo que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, conserve los amplios poderes que le otorgan dichas modificaciones.
Si bien seis ministros consideraron inconstitucionales las reformas a los artículos 45 y 48 de la LGIPE, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para invalidarlas. Este resultado ha sido interpretado como una victoria para el gobierno y una derrota para quienes defienden la autonomía del INE.
Las reformas en cuestión concentran un significativo poder en la figura de Guadalupe Taddei. La modificación al artículo 45 le otorga el control absoluto sobre los nombramientos de las direcciones ejecutivas del INE, quitándole esta facultad al Consejo General. Asimismo, la reforma al artículo 48 permite a la Junta General Ejecutiva, encabezada por Taddei, tomar decisiones unilaterales sobre la coordinación y ejecución de las actividades técnicas, administrativas y operativas del organismo durante los procesos electorales.
La ministra Lenia Batres, en su voto en contra de la invalidez de las reformas, argumentó que la propuesta de la mayoría confundía la autonomía del INE, sugiriendo que las unidades ejecutivas operan de forma aislada. Este argumento, respaldado por las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, ha sido criticado por la oposición como una justificación para la concentración de poder.
La presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, expresó su preocupación por la falta de seguridad jurídica que generan las reformas, calificándolas de contradictorias y violatorias de este principio. Sin embargo, esta opinión no fue suficiente para inclinar la balanza hacia la invalidez de las reformas.
La decisión de la SCJN ha generado una ola de críticas por parte de la oposición, quienes temen un debilitamiento de la autonomía del INE y un riesgo para la imparcialidad de los procesos electorales. La concentración de poder en manos de una sola persona, según los críticos, representa una amenaza para la transparencia y la equidad en las elecciones futuras.
