La jueza Jovita Vargas Alarcón, del Noveno Distrito en Materia Penal, ha concedido una suspensión indefinida a la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán. Sin embargo, esta suspensión está condicionada al pago de un millón de pesos como garantía, dentro de un plazo de cinco días.
Esta decisión, publicada hoy, se tomó tras una audiencia incidental celebrada ayer. Si bien la jueza otorgó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión, rechazó otras solicitudes presentadas, aunque no especificó cuáles.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha respondido con indignación a la decisión judicial, calificándola de “escandalosa protección” a Aureoles. La FGR anunció que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por las acciones de la jueza Vargas. La dependencia cuestiona la decisión de la jueza, argumentando que Aureoles no se presentó a una audiencia el 9 de mayo, como se le había requerido, y que la jueza posteriormente le otorgó una nueva audiencia en tres meses, en lugar de los 15 días estipulados por el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La FGR considera que la jueza ha actuado de manera parcial e injusta, brindando una “protección notoriamente parcial e injusta” al ex gobernador.
La FGR acusa a Aureoles de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, por un presunto quebranto de 3 mil 412 millones de pesos en la compra de cuarteles para la Guardia Civil. Una audiencia inicial está programada para el 20 de agosto, en la que la FGR presentará formalmente los cargos. La jueza de control, Patricia Sánchez Nava, del Reclusorio Oriente, ya ha citado a Aureoles para esta audiencia. El futuro de este caso, y la respuesta del CJF a las acciones de la FGR, se perfila como un desarrollo crucial en la lucha contra la corrupción en México.
