Después de muchos gobiernos, por fin meterán en orden a los franeleros, sobre todo los que operan en la Condesa y en Centro Histórico y que llegan a cobrar hasta 300 pesos.
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica, que tiene el objetivo de sancionar el uso indebido del espacio público que realizan personas que se dedican al cuidado de vehículos, conocidos como “franeleros”, que irá acompañada por una política pública de atención y una campaña de concientización.
“En esta ciudad, el espacio público es un derecho, no es una mercancía ni debe ser un privilegio. No hay un espacio público más importante, más vital, más democrático y más cotidiano en su uso que las calles (…). Es por excelencia el lugar donde se expresa la igualdad ciudadana. Y cuando alguien se apropia de las calles, cuando alguien condiciona su uso para estacionar vehículos con amenazas o con cobros indebidos, lo que está haciendo es romper el principio básico de equidad en esta ciudad”, afirmó.
En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina indicó que esta iniciativa de reforma, que se presentará hoy ante el Congreso de la Ciudad de México para su discusión, permitirá sancionar el uso ilegal de la vía pública, que además propicia otros delitos como amenazar, robar, golpear y condicionar pagos, de manera que la propuesta es elevar las sanciones a 36 horas de arresto inconmutable contra personas que exijan, coaccionen, intimiden de cualquier manera a otra persona para obtener un pago por vigilar vehículos.
Clara Brugada afirmó que la reforma irá acompañada de una campaña de concientización sobre el respeto al espacio público con el lema “el espacio público es de todas y todos”, donde se explicará qué conductas están prohibidas, qué sanciones aplican, a fin de dar herramientas a la ciudadanía para que ejerza y defienda su derecho de manera pacífica a una ciudad ordenada, habitable y segura.
Además, Brugada Molina resaltó que se atenderá de forma integral y de fondo –con empleo y emprendimientos– a las personas que se dedican a la tarea de cuidar vehículos; en ese sentido, precisó que las autoridades capitalinas, a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE), dialogarán con personas y agrupaciones que practican dichas actividades con la finalidad de lograr concertación y ofrecer otras opciones laborales.
“Sí, aumento de sanciones, reformas, normas, afinar las leyes, pero por otro lado, tenemos que dar alternativas (…). No se trata de excluir, sino de incluir a todas las personas a un modelo de ciudad, donde vivir con dignidad no dependa de la ilegalidad (…). Nuestro objetivo es la construcción de territorios de paz e igualdad y atendiendo causas”, aseguró la mandataria.
Durante su intervención, la consejera Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, expuso la iniciativa que contempla modificaciones a varios artículos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
Dijo que en el artículo tercero, fracción 29, se conceptualiza que la vía pública es el espacio de uso común para el tránsito de personas y vehículos, así como la prestación de servicios públicos e instalación de este tipo de infraestructura o mobiliario que afecte el tránsito en la lógica vehicular particular.
En el artículo 28 bis se especifica la seguridad ciudadana. La fracción primera establece una infracción sobre apartar con cualquier objeto un estacionamiento en vía pública. La segunda fracción se refiere a obstaculizar o impedir el uso del espacio público para estacionarse. La tercera fracción se refiere a exigir, coaccionar o intimidar de cualquier manera a una persona para obtener un pago por vigilar, cuidar y lavar vehículos.
La funcionaria indicó que en el artículo 31 se establece la infracción de tipo F y en este caso la persona juzgadora hará la evaluación del tipo de afectación; donde “franeleros” o el “viene viene” coaccione, intimide o presione para cobrar una cuota por el uso del espacio para estacionamiento, tendrá una sanción de 36 horas de arresto y no habrá posibilidad de sustituir dicha medida por otra como el pago de una multa o trabajo comunitario.
La infracción, refirió, tiene un arresto inconmutable por la afectación que se da y que se vincula a cuatro artículos del Código Penal, que sería el 148, que tiene que ver con la extorsión; el 209, con amenazas; el 224, con robo y robo de autopartes, y el 130, con lesiones.
El último transitorio de la Ley establece que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo y de Desarrollo Económico, pondrán a disposición de las personas infractoras programas de empleo y apoyos a proyectos productivos a fin de atender las causas y promover mecanismos del orden de giro social y apoyo comunitario.
Finalmente, señaló que la Ley establece que de manera oficiosa los policías, aunque no haya ninguna queja formal, sino de flagrancia, intervendrán para garantizar la vida en paz y que no haya afectaciones ni agresiones, garantizando la movilidad.
