El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal rechazó el recurso de queja presentado por el juez de control Gregorio Salazar Hernández, quien teme por su seguridad tras la suspensión provisional impuesta por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La suspensión se derivó de su decisión de modificar la medida cautelar de José Alfredo Cárdenas Martínez, «El Contador,» presunto líder del Cártel del Golfo, permitiéndole continuar su proceso de extradición en libertad.
Salazar Hernández, juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano, Estado de México, había solicitado la restitución de su vehículo blindado y escoltas, alegando riesgo para su vida. Sin embargo, el Tribunal consideró que su solicitud era demasiado genérica y que el asunto era de naturaleza administrativa, no penal.
El magistrado ponente, Óscar Espinosa Durán, explicó la decisión del Tribunal, destacando la falta de una relación directa entre la retirada de la seguridad y el riesgo alegado por el juez. El magistrado compartió su propia experiencia, relatando la pérdida y posterior restitución (y posterior retiro nuevamente) de su propia escolta y vehículo blindado, resaltando la precariedad de la seguridad para los funcionarios judiciales. «Afortunadamente no ha pasado nada. Dios quiera que tampoco suceda nada con el señor juez que fue suspendido,» comentó Espinosa Durán, expresando su preocupación por la situación del juez Salazar.
La magistrada María Elena Jiménez coincidió con la decisión, argumentando que el juez no estableció una relación causal clara entre la falta de seguridad y el riesgo de muerte. Si bien reconoció el riesgo inherente a la función judicial, consideró que la solicitud del juez era demasiado general para justificar la restitución de la seguridad.
La decisión del Tribunal deja al juez Salazar Hernández sin la protección adicional que había solicitado, a pesar de sus temores por su seguridad.
