La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevó a cabo una mesa de diálogo con representantes del Gobierno Federal, organismos internacionales y sociedad civil con el objetivo de reflexionar sobre el trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en el país, e identificar áreas de colaboración entre estos sectores.
Durante su intervención, la titular de esta dependencia, Alicia Bárcena afirmó “defender el agua, el suelo y las tierras, sobre todo las tierras, no es un delito”, por lo que, dijo, “a todos y a todas nos atañe la protección de las y los defensores del medio ambiente”.
Para lo cual, señaló “tenemos que conjugar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal; el sector privado, la academia, la sociedad civil y organizaciones como el Cemda y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para lograr la justicia ambienta”.
“Porque no puede haber justicia social sin justicia ambiental”, expresó.
Destacó que el Acuerdo de Escazú -que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales- “es el único que protege y defiende la vida de las y los defensores del medio ambiente, por eso es tan importante que podamos diseñar y trabajar una hoja de ruta para su implementación”.
Por su parte, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Humberto Henderson, afirmó que las personas defensoras ambientales están sujetas en ocasiones a desafíos considerables: agresiones, campañas de desprestigio e incluso desapariciones o muertes violentas, estos desafíos se acentúan en las mujeres por su condición de género por lo que es importante realizar acciones desde enfoques diferenciados.
De igual forma, el presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemd), Gustavo Alanís, señaló que proteger el medio ambiente también implica cuidar a quienes lo defienden y se refirió al Acuerdo de Escazú como una herramienta para hacer posible esto, enfatizando que el verdadero reto radica en su implementación efectiva.
En las intervenciones de representantes de organizaciones de la sociedad civil se reiteró el interés de colaborar en un plan de trabajo con la Semarnat, que promueva acciones para reducir las agresiones que sufren las personas defensoras del medio ambiente y se puedan garantizar espacios seguros que permitan el ejercicio de sus derechos.
En el encuentro también estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego Leyva; el comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza; la procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell; y representantes del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación; del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; de la Comisión Nacional Forestal (Conafor); de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
