Un juez federal ha emitido una sentencia en favor de un adulto mayor de 90 años, ordenando a un banco restituir los fondos bloqueados de su tarjeta de débito y pagar intereses por el tiempo que el afectado no pudo acceder a sus ahorros. La decisión judicial se basa en la violación de los derechos humanos y la falta de consideración hacia las limitaciones físicas del demandante.
El juez Tercero de Distrito en el Estado de Colima, Ignacio Beruben Villavicencio, determinó que la institución bancaria actuó de manera indebida al bloquear los recursos del cliente bajo el argumento de inactividad en la cuenta. El incidente ocurrió en septiembre de 2024, cuando el afectado, acompañado de su hija, intentó pagar medicamentos y otros productos de primera necesidad con su tarjeta de débito, la cual fue rechazada.
Al acudir a la sucursal bancaria, se le informó que debía reactivar la tarjeta comprobando su identidad a través de sus huellas dactilares. Sin embargo, debido al desgaste natural de la piel por su avanzada edad, los dispositivos biométricos no pudieron realizar la verificación.
El banco justificó la restricción basándose en la Ley de Instituciones de Crédito, que permite el bloqueo de cuentas tras 12 meses de inactividad, alegando que el cliente fue notificado a través de sus estados de cuenta. No obstante, el juez determinó que no se realizó un aviso formal previo, contraviniendo el artículo 61 de la citada ley, que exige una notificación escrita con 90 días de antelación y un plazo de tres años sin movimientos para aplicar restricciones.
En su resolución, el juez Beruben Villavicencio enfatizó que el banco no consideró las limitaciones físicas del adulto mayor ni realizó los ajustes necesarios para validar su identidad por otros medios, lo que provocó un perjuicio y sufrimiento emocional al afectado. Además, señaló que se violó el artículo 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
El juez ordenó al banco desbloquear y reponer la tarjeta de débito, absteniéndose de requerir la verificación de identidad mediante huellas dactilares, y utilizando otros mecanismos compatibles con la condición del adulto mayor. Asimismo, deberá pagar intereses legales del seis por ciento anual sobre el monto bloqueado, desde el día siguiente al bloqueo de la tarjeta hasta su restitución.
