La empresa Proxymo instaló recientemente una pantalla electrónica luminosa en Plaza Miyana, ubicada en Avenida Ejército Nacional Mexicano 769, sin contar con la autorización de las autoridades competentes, lo que según vecinos y colectivos representa una violación a la normatividad urbana.
Además de incurrir en irregularidades administrativas, esta instalación genera riesgos para peatones y vehículos, debido al alto impacto visual y a la contaminación lumínica que afecta la circulación y la experiencia urbana de la zona. Habitantes y organizaciones han denunciado que, en esta misma alcaldía, proliferan pantallas digitales ilegales que representan una amenaza para la protección civil y elevan los riesgos de accidentes y distracción vial.
El antecedente más relevante ocurrió en marzo de 2023, cuando el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó clausurar 172 pantallas electrónicas, también conocidas como “gallardetes electrónicos”, instaladas en vialidades como Presidente Masaryk, Horacio, Homero, Miguel de Cervantes Saavedra, Ferrocarril de Cuernavaca y Paseo de las Palmas, autorizadas indebidamente por administraciones anteriores . En ese contexto, la alcaldía actual reafirmó en redes sociales su postura: “desde el inicio de esta administración hemos sostenido que son ilegales” .
Hoy, la situación en Plaza Miyana parece repetir patrones de impunidad, dado que la pantalla colocada por Proxymo no cuenta con las licencias correspondientes y vulnera tanto los reglamentos de publicidad exterior como los normativos de protección civil.
Habitantes de Miguel Hidalgo hacen un llamado urgente al subsecretario Alejandro Encinas, al alcalde Mauricio Tabe y a la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que actúen de inmediato: que clausuren estas estructuras ilegales, sancionen a los responsables y prevengan que Plaza Miyana se convierta en símbolo de desobediencia normativa.
La instalación de pantallas electrónicas sin permiso es una amenaza latente para la seguridad peatonal, el orden urbano y el entorno visual. La ciudadanía exige que las autoridades localizadas actúen con institucionalidad y transparencia, resguardando la legalidad y el espacio público.
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