En medio del conflicto legal entre Maha Schekaibán y Bernardo Vogel, el rol de los abogados se convertió en un eje central que trasciende las acusaciones personales. Más allá de las versiones encontradas, la disputa refleja cómo los equipos legales pueden influir en la narrativa pública y en la dinámica de un proceso judicial tan complejo como mediático.
Desde la perspectiva de Vogel, la estrategia legal de su expareja se sustenta en la construcción de acusaciones de violencia y violencia vicaria que, asegura, carecen de sustento. Atribuye estas denuncias a una línea diseñada por sus representantes legales con fines económicos, presentando las demandas como un intento de presión y de acceso a un patrimonio superior al que correspondería por ley. De acuerdo con su versión, los despachos que asesoran a Schekaibán buscan colocar la narrativa de víctima como recurso procesal y mediático, lo que ha generado un clima de desconfianza hacia la justicia.
El caso pone sobre la mesa un debate más amplio: el límite entre la defensa legítima de los derechos de una persona y el uso estratégico de las herramientas legales como mecanismo de presión. En los documentos difundidos por Vogel se señala que la asesoría de Schekaibán ha promovido medidas extremas —desde denuncias penales hasta exigencias económicas millonarias— que, en su opinión, se alejan del interés superior de los hijos y priorizan la obtención de ventajas materiales. La mención de abogados y despachos específicos no es menor, pues exhibe el peso que tienen en la orientación del litigio.
Del otro lado, también debe reconocerse que el marco legal en México otorga a las partes en un proceso de divorcio herramientas para proteger tanto el patrimonio como los derechos de los hijos. La figura de la violencia vicaria, por ejemplo, fue incorporada en los últimos años como un recurso jurídico para atender casos de manipulación o daño hacia los menores a través de uno de los progenitores. Sin embargo, cuando estos recursos se convierten en un terreno de disputa entre equipos de abogados, el riesgo es que se diluya el objetivo principal: la protección y estabilidad de los niños.
En este contexto, los abogados no son solo representantes legales, sino actores que pueden intensificar o encauzar los conflictos. La forma en que plantean demandas, negocian acuerdos o aconsejan a sus clientes define no solo el curso de un proceso, sino también la percepción pública que rodea a los involucrados. El caso Schekaibán-Vogel es un recordatorio de cómo, en los litigios familiares de alto perfil, la actuación de los abogados tiene un doble filo: pueden ser un puente hacia soluciones equilibradas o convertirse en protagonistas de una escalada legal y mediática.
El desenlace del proceso dependerá en gran medida de si los equipos jurídicos logran dar un giro hacia la conciliación, priorizando el interés superior de los menores sobre los intereses económicos o estratégicos. Porque, más allá de los alegatos y de la batalla en tribunales, lo que está en juego es el derecho de cinco hijos a crecer en un entorno seguro y libre de disputas interminables.
