Un tribunal federal concedido una suspensión a José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, frenando la ejecución de su condena de 92 años de prisión por el secuestro de seis miembros del Movimiento Campesino Unidad Popular, incluyendo al líder perredista Arturo Hernández Cardona.
La decisión del tribunal se produce tras admitir a trámite un amparo directo presentado por Abarca. Fuentes cercanas al caso señalan que la defensa del ex alcalde plantea cuestiones de constitucionalidad que podrían llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), especialmente en lo que respecta a la interpretación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
En este contexto, el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito determinó que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no tienen la calidad de terceros interesados en este caso, a pesar de haber sido reconocidos como víctimas en la causa penal original. El tribunal argumentó que la condena por secuestro no afecta directamente la reparación del daño que les corresponde.
El fallo del tribunal especifica que la condena de Abarca se limita al secuestro de Nicolás Mendoza Villa, Gregorio Dante y/o Dante Cervantes Delgado, Efraín Amantes Luna, Héctor Arroyo Delgado y/o Ramírez, Bogar Román Altamirano, Rubí Díaz Mena y Carolina Mena Marchan. Por lo tanto, solo estas víctimas y sus familiares directos pueden ser considerados terceros interesados en el juicio de amparo.
Es importante recordar que Samuel Ventura Ramos, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, absolvió a Abarca del delito de delincuencia organizada, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no probó su vínculo con el grupo criminal Guerreros Unidos, señalado como responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, el mismo juez lo sentenció a 92 años de prisión por el secuestro de los seis campesinos.
Ambos casos están relacionados con la causa penal 100/2014, que acusa a Abarca de ordenar el secuestro de Arturo Hernández Cardona y otros cinco miembros del Movimiento Campesino Unidad Popular el 30 de mayo de 2013 en Iguala. Además de la pena de prisión, se le impuso una multa de 920 mil 700 pesos como reparación del daño, con la opción de sustituirla por 15 mil jornadas de trabajo comunitario.
La investigación original fue iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, bajo la dirección de Iñaki Blanco, y posteriormente fue atraída por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, la FGR tomó declaración al chofer de Hernández Cardona, quien afirmó haber sido secuestrado junto con su jefe y señaló a Abarca como responsable.
La defensa del ex alcalde ha insistido en que el caso del secuestro es un asunto del fuero local y que no existen pruebas de la participación de Abarca ni de la exigencia de rescate. También han cuestionado que este caso se haya integrado a la investigación federal sobre la desaparición de los estudiantes.
Tras la confirmación de la condena por un Tribunal Colegiado, Abarca aún puede recurrir a los recursos del amparo directo y, eventualmente, el amparo directo en revisión para impugnar la sentencia.
