Por: Gullermina Juárez
Ana Katiria S construyó una trayectoria pública como abogada especializada en la defensa de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia. Su nombre apareció en casos de alto impacto y se le identificaba con la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, hoy enfrenta múltiples denuncias que la relacionan con un esquema de presunta extorsión judicial y manipulación de procesos familiares.
Las acusaciones sostienen que utilizaba su reconocimiento profesional para presentar denuncias cuestionables en juicios de divorcio y custodia.
De acuerdo con testimonios, se habrían fabricado pruebas, alterado peritajes psicológicos y presionado a menores de edad para declarar hechos inexistentes. Con ello, lograba resoluciones judiciales que incluían pensiones alimenticias de hasta 1.5 millones de pesos mensuales.
Padres afectados denuncian que fueron alejados de sus hijos como resultado de estas prácticas y que, en varios casos, los menores fueron usados como herramienta de presión. También señalan la posible participación de funcionarios de la Fiscalía capitalina y jueces de lo familiar en un entramado que convertía los litigios en un negocio lucrativo.
Aunque la abogada argumentaba que su labor la colocaba bajo amenazas, su nombre aparece en carpetas de investigación por extorsión y abuso del sistema judicial. Pese a ello, no se ha emitido orden de captura ni alerta internacional en su contra, lo que le ha permitido permanecer en Europa, mientras en México las denuncias siguen abiertas.
Colectivos de padres aseguran que detrás de su imagen de defensora existía en realidad un mecanismo de manipulación judicial. Afirman que este caso no solo revela presuntas irregularidades individuales, sino que pone en evidencia fallas estructurales en el sistema de justicia familiar de la Ciudad de México.
