El extinto Consejo de la Judicatura provocó un supuesto daño al erario público por 272 millones 437 mil pesos, así lo señala la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024 que fue entregada a la Cámara de Diputados, este órgano resalta que hubo irregularidades en materia de seguridad y mantenimiento de sus inmuebles, servicio de limpieza, equipos de impresión y softwares.
De manera detallada, el documento, expone que se realizaron pagos -a las personas morales: Seguridad Privada Integral Macotela, S.A. de C.V.; Servicios Integrales Pesados, S.A. de C.V. y Sedegral Seguridad Privada, Defensa en General, S.A. de C.V., -por 21 millones 467 mil pesos sin la documentación que acredite el servicio de seguridad y vigilancia de sus inmuebles.
Asimismo, detectó irregularidades por 49 millones 471 mil pesos, de los cuales 9 millones 983 mil pesos a la persona moral Inmobiliaria DNI, S.A. de C.V, quien no contaba con el soporte documental de la prestación del servicio de mantenimiento de las áreas comunes del edificio denominado «Torre AFIRME» ubicado en Monterrey, Nuevo León.
Y los 39 millones 488 mil pesos, restantes se le erogaron a la persona moral Eos Limpieza, S. de R.L. de C.V., esto sin contar con la documentación que acredite la prestación del servicio de limpieza.
De igual forma, hubo a la federación por 201 millones 66 mil pesos porque no contaban con la documentación que acredite los servicios administrados de impresión, digitalización y copiado, de soporte especializado del software de firma electrónica y equipos de seguridad, mantenimientos correctivos y preventivos a los equipos tecnológicos, de audio y video, bienes y servicios de licenciamiento y soporte premier, servicios administrados y extendidos de la red local LAN.
Las personas morales a quienes se les pagó son: Distri Copy, S.A. de C.V, Iqsec, S.A. de C.V., Asesores y Consultores en Tecnología, S.A. de C.V., y Microsoft México, S. de R.L. de C.V.
Finalmente, manifiesta que no hizo efectiva la póliza fianza por la suspensión del servicio de comedor por 431 mil pesos.
