Diputadas de Movimiento Ciudadano propusieron reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal para proteger los derechos de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijas e hijos que viven con ellas en prisión.
La iniciativa, presentada por Anayeli Muñoz Moreno e Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, fue remitida a la Comisión de Justicia.
Entre los cambios planteados se incluye el acceso a atención en salud, maternidad y lactancia dignas, suministro de productos de gestión menstrual y la protección del interés superior de la niñez.
Los centros penitenciarios deberán contar con espacios adecuados para el esparcimiento y actividades lúdicas de los menores de tres años, así como personal especializado que brinde acompañamiento educativo, emocional y seguimiento integral de su desarrollo.
La propuesta también busca fortalecer el derecho de las madres a conservar la guardia y custodia de sus hijos menores de tres años, garantizar espacios dignos para la lactancia materna y establecer procedimientos sensibles para la separación gradual de los menores al alcanzar la edad máxima para permanecer en prisión.
Asimismo, se contempla la atención médica periódica y especializada para las mujeres privadas de la libertad, así como el acceso a productos de higiene menstrual en condiciones dignas.
La iniciativa destaca la necesidad de políticas penitenciarias con enfoque de género, salud pública y derechos humanos, que aseguren un trato respetuoso y permitan el ejercicio pleno de la maternidad y el desarrollo de la niñez. Según datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2025, en México había 15 mil 261 mujeres reclusas en junio de 2025, lo que representa el 6.09 por ciento de la población penitenciaria total.
