La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad incrementar las sanciones por el delito de tráfico ilegal de personas, principalmente, migrantes.
Por lo que, ahora la sanción para este ilícito será de 10 a 20 años de prisión y una multa de un millón 414 mil 250 pesos hasta 4 millones 525 mil 600 pesos.
En sesión ordinaria, la presidenta de este grupo de trabajo, Marcela Guerra Castillo señaló que quedó plasmado en reformas al artículo 159 y 160 de la Ley de Migración.
Recordó que esta iniciativa fue promovida por los diputados del PRI y del PAN, César Alejandro Domínguez y Annia Sarahí Gómez Cárdenas, respectivamente.
Añadió que con este dictamen se cumple con el decreto de desindexación del salario mínimo y se armoniza la norma nacional con los tratados internacionales suscritos por México, como el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios.
Consideró que las modificaciones fortalecen la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y desincentivan el tráfico ilícito de migrantes.
Por su parte, el diputado del PAN, Víctor Adrián Martínez Terrazas puntualizó que el objetivo es poner fin a la impunidad de quienes lucran con la necesidad y el sufrimiento humano, equiparando la gravedad del tráfico de migrantes con delitos como la trata de personas o el secuestro, “porque ambos destruyen vidas humanas”.
“Hablamos de esperanza, pero también hablamos de dolor, debido a que miles de personas cruzan nuestro país cada año buscando un futuro mejor, y muchas veces lo único que encuentran es abuso, extorsión o muerte. Por eso, hoy defendemos una reforma necesaria y profundamente humana, una reforma que busca fortalecer el Estado de derecho y proteger la dignidad de las personas migrantes”, expresó.
*Prevención de la violencia contra mujeres migrantes*
Asimismo, esta Comisión avaló fortalecer la atención institucional y la prevención del delito, incorporando una perspectiva de género en la política migratoria nacional.
Esto a través de reformas y adiciones a los artículos a los artículos 30 y 31 de la Ley de Migración.
Lo que se realizó fue actualizar las denominaciones institucionales en la ley, sustituyendo el Instituto Nacional de las Mujeres por la Secretaría de las Mujeres, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por la actual Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Además, la iniciativa incorpora expresamente la prevención de la violencia contra las mujeres migrantes dentro de las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres, y fortalece las capacidades de las autoridades migratorias en materia de igualdad de género y atención con enfoque diferenciado.
Se destacó que la migración afecta de manera diferenciada a mujeres, adolescentes y niñas, quienes enfrentan violencia física, sexual, psicológica, económica, institucional y estructural a lo largo de todo el proceso migratorio.
Ambos dictámenes fueron turnado a la Mesa Directiva para su análisis y discusión en el pleno.
