La discusión de la nueva ley de aguas en México destapó una compleja red de intereses por el acaparamiento y concentración del líquido.
Las recientes protestas en carreteras, puentes fronterizos y aduanas evidenciaron la resistencia de quienes han construido poder económico, político y social a partir del acceso privilegiado al agua.
Desde 1992, el sistema de concesiones permitió que empresas, agroindustrias, mineras y corporativos acumularan derechos de extracción. Y detrás, se formó una telaraña de personas físicas, familias y comunidades, muchas con vínculos políticos o con estructuras consolidadas. Hoy en lucha por preservar privilegios.
Dos casos ilustran cómo ese esquema se ha consolidado localmente, bajo discursos de defensa del campo, pero con profundas raíces de poder.
*LA COMUNIDAD LEBARÓN: TIERRAS, POZOS, CONCESIONES Y BLOQUEOS EN CHIHUAHUA*
En el norte del país, la comunidad LeBarón —encabezada por Adrián LeBarón— emerge como otro actor clave en la disputa por el agua.
Empujaron el paro nacional convocado por agricultores y transportistas en rechazo a la nueva Ley de Aguas. Protagonizan bloqueos en puentes internacionales, cruces fronterizos, aduanas y carreteras en Chihuahua y los límites con Estados Unidos.
Según datos oficiales del registro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la familia LeBarón ostenta 150 concesiones; sumando más de 47.5 millones de metros cúbicos anuales de agua subterránea, a través de 64 títulos de aguas nacionales y 86 constancias de libre alumbramiento.
De esas concesiones, casi la mitad provienen de constancias de libre alumbramiento — una figura que desde 2013 quedó suspendida —, pero cuyos pozos previamente registrados han seguido operando.
Parte de estos títulos fueron autorizados cuando un miembro de la familia ocupaba un cargo en la Comisión Estatal del Agua, lo que plantea graves conflictos de interés.
Los defensores de la reforma advierten que la concentración de estos títulos agravan la sobreexplotación de acuíferos en zonas como Chihuahua, donde comunidades y ejidos han denunciado históricamente la competencia por el agua.
En 2018, por ejemplo, hubo un enfrentamiento armado entre ejidatarios y miembros de la comunidad LeBarón en Buenaventura, por acusaciones de pozos ilegales y uso de fuerza para defender la extracción.
*EL TOÑÍN, HUACHICOL Y ACTIVISMO SOCIAL EN PUEBLA*
En el llamado “Triángulo Rojo” de Puebla, Antonio Valente Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, se presenta como “defensor del campo”.
Es originario de Palmarito Tochapan, en Quecholac, su familia tiene tradición agrícola. Sin embargo, su liderazgo público se cimenta en redes de poder, distribución de despensas y una narrativa de benefactor que le ha permitido posicionarse mediáticamente como “El Padrino”.
En 2017 fue detenido en un operativo de la Marina y la Fiscalía estatal por presunto huachicol de combustible, lo que puso en evidencia sus conexiones con el crimen organizado.
Logró su liberación alegando falta de pruebas y se amparó para evitar nuevas órdenes de aprehensión. Se sabe que tiene aún dos procesos vigentes.
Su red de influencia incluye a su hija —actual alcaldesa municipal (2024–2027)— y su hermano, ex presidente municipal, hoy preso por delitos contra la salud.
Con la reforma hídrica en puerta para su discusión en la Cámara de Diputados, el 26 de noviembre, el Toñín encabezó una manifestación en Palmarito e impulsó bloqueos en la autopista Puebla–Orizaba.
Su caso se inscribe en un patrón donde el agua, el poder local y la impunidad convergen. El discurso de defensa del campo sirve como fachada para mantener un control extractivo sostenido, opaco y familiar sobre el recurso.
Al igual que en Chihuahua, el discurso público (protección del campo, herencia familiar, defensa de comunidades rurales) sirve como máscara para proteger intereses privados sobre el agua.
*¿QUÉ REVELAN ESTOS CASOS?*
Lo que muestran los casos de El Toñín y los LeBarón es un patrón repetido:
• Concentración de derechos de agua en manos de actores particulares, familias o comunidades con poder local.
• Uso del agua como herramienta de control social y territorial: concesiones, pozos, influencia política.
• Movilización social como estrategia de presión para defender privilegios, disfrazada de defensa del campo o de los derechos rurales.
• Conflictos estructurales: acuíferos sobreexplotados, competencia por el recurso, disputas violentas, denuncias de ilegalidad.
• Un sistema opaco donde las concesiones, las constancias y los derechos están muchas veces fuera del escrutinio público.
