Un grupo de 480 mujeres permisionarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México denunció la entrega irregular de 150 concesiones a la empresa Casadey, propiedad de María Guadalupe Espinosa Martínez. Señalaron que estos permisos habrían sido otorgados sin cumplir los requisitos legales y mediante negociaciones realizadas fuera de los procedimientos establecidos para operar en la terminal aérea.
Las representantes de Nueva Imagen, Yellow Cab, Porto Taxi y AeroTaxi solicitaron la intervención del director del AICM, Juan José Padilla Olmos, y advirtieron que, si no reciben respuesta, realizarán movilizaciones y bloqueos en las terminales 1 y 2 para exigir la revisión del proceso y la cancelación de las concesiones cuestionadas.
De acuerdo con Olivia “N”, Victoria “N”, Santa “N” y Leticia “N”, la asignación de permisos habría sido gestionada por Alejandra Mendieta Bustos, directora corporativa jurídica del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a quien acusaron de favorecer a un grupo reducido de personas, incluida la dueña de Casadey, sin cumplir las etapas de verificación y licitación obligatorias.
Agregaron que María Guadalupe Espinosa Martínez había recibido previamente 43 concesiones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mismas que le fueron retiradas al detectarse documentación irregular. Tras ello, promovió un amparo para obtener acceso a la zona federal del aeropuerto, pero este fue desechado debido a la ausencia de un proceso de licitación.
Las permisionarias señalaron que la reciente entrega de 150 concesiones afecta a más de dos mil trabajadores del transporte autorizado y genera competencia desleal. También denunciaron que funcionarios del AICM que se han negado a participar en presuntos actos de corrupción han sido removidos de sus cargos sin explicación.
Pidieron al director del aeropuerto revisar la legalidad de los permisos otorgados y retirar a Casadey de la operación en la terminal. Indicaron que continuarán con sus movilizaciones hasta que se garantice un proceso transparente y se restablezcan las condiciones laborales para las permisionarias afectadas.
