El Plan General de Desarrollo presenta una visión de ciudad robusta, progresista y con un enfoque de derechos; sin embargo, esa ambición discursiva no está respaldada por una arquitectura presupuestaria y operativa clara, lo que puede convertirlo en un instrumento declarativo más que transformador.
Así lo señaló la Presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, Olivia Garza, quien explicó que este instrumento de planeación enumera 22 líneas de transformación y decenas de estrategias, pero no presenta una estimación de costos por eje, ni escenarios financieros.
“No se sabe cuánto cuesta implementar el Plan General. El documento utiliza un lenguaje potente: derecho a la ciudad, función social del suelo, justicia territorial, urbanismo social. Sin embargo, en varios ejes estratégicos el ‘qué’ está claro, pero el ‘cómo’ es difuso”, sostuvo.
Añadió que también existe ambigüedad en las fuentes de financiamiento, pues aunque el documento habla de finanzas públicas sanas, inversión pública y corresponsabilidad privada, no define la intervención del presupuesto local, qué parte dependerá de recursos federales y, mucho menos, qué mecanismos permitirán involucrar inversión privada sin comprometer el interés público.
“El PGD define con claridad la ciudad que queremos, pero no asegura con la misma fuerza cómo se va a pagar ni cómo se va a ejecutar. Un plan de 20 años sin costos, sin fuentes de financiamiento claras y sin candados presupuestales no es un Plan, es una carta de buenas intenciones”, enfatizó.
En este contexto, Garza hizo un llamado al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) para que incorpore una estimación presupuestaria de las líneas de transformación y ejes estratégicos que integran el Plan General, así como la identificación de las fuentes de financiamiento para su implementación.
