El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó que la situación de las desapariciones en México sea llevada a la consideración de la Asamblea General, al estimar que existen indicios fundados de que este fenómeno podría estar ocurriendo de manera generalizada o sistemática en el país.
La petición se realizó en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo que permite escalar el caso a instancias internacionales cuando se detectan patrones graves de este delito.
De acuerdo con el organismo, la decisión se basa en información recibida que apunta a la posible comisión de desapariciones con participación, apoyo o aquiescencia de actores estatales, así como en la persistencia de un contexto de impunidad y falta de resultados en las investigaciones.
El Comité señaló que este procedimiento no prejuzga conclusiones definitivas, pero abre la puerta a que la comunidad internacional analice el caso y valore medidas para apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación y sanción de estos hechos.
La medida ocurre tras la activación previa del mismo artículo, considerado uno de los instrumentos más contundentes dentro del sistema internacional de derechos humanos para atender situaciones de gravedad excepcional.
En respuesta, el gobierno de México ha rechazado las conclusiones del organismo internacional, al sostener que las desapariciones en el país están vinculadas principalmente a la delincuencia organizada y no a una política de Estado.
El Comité, por su parte, ha reiterado que continuará analizando la información disponible y el diálogo con las autoridades mexicanas, en un proceso que podría derivar en un mayor escrutinio internacional sobre la crisis de personas desaparecidas.
