La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que la crisis de personas desaparecidas en el país pueda considerarse un crimen de lesa humanidad, como lo planteó el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que esta clasificación no corresponde a la situación de México, al señalar que el concepto de crimen de lesa humanidad implica ataques sistemáticos contra la población civil por parte del Estado, lo cual, sostuvo, no ocurre en el país.
Sheinbaum reiteró que la mayoría de las desapariciones están vinculadas con la delincuencia organizada y no con una política de Estado, al tiempo que defendió las acciones de su gobierno para atender este delito y apoyar a las familias de las víctimas.
Asimismo, cuestionó el informe del comité de la ONU, al considerar que presenta debilidades metodológicas y una orientación que no refleja adecuadamente la realidad actual del país.
La presidenta explicó que la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad está definida por Naciones Unidas como un delito cometido desde el Estado, no como una interpretación del gobierno mexicano.
Señaló que, aunque no se niega la problemática de desapariciones, su administración trabaja para erradicarla mediante acciones de búsqueda y atención a colectivos, y reiteró que el informe será rechazado por presentar fallas que serán expuestas públicamente.
Indicó que no revisó el comunicado del gobierno de la Ciudad de México sobre el tema, pero sostuvo que el documento de la ONU no tomó en cuenta las observaciones enviadas por el gobierno federal ni hubo diálogo previo con las autoridades antes de emitir conclusiones.
Criticó que el análisis se base en datos de 2009 a 2017 y en solo cuatro entidades, y afirmó que, pese a este desacuerdo, México mantiene colaboración con Naciones Unidas y convocará a expertos para explicar las razones del rechazo.
La presidenta afirmó que su gobierno mantiene el compromiso de “verdad y justicia” en los casos de desaparición y destacó la creación de leyes e instituciones para atender este problema, lo cual —dijo— no fue considerado en el informe.
Anunció que se realizará una conferencia con autoridades y especialistas en derechos humanos para detallar las diferencias técnicas con el documento y las acciones emprendidas por su administración.
Señaló que la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez por desaparición forzada demuestra que el Estado mexicano investiga y sanciona estos delitos, incluso cuando involucran a exfuncionarios públicos, al tiempo que aseguró que no hay impunidad en estos casos.
