El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que su bancada votará en contra de la reforma al Poder Judicial impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum para posponer para el 4 d ejunio del 2028 la elección de jueces y magistrados.
Lo anterior, dijo, al considerar que no resuelve los problemas de fondo del sistema de justicia y que sólo representa un cambio “cosmético”.
Durante una entrevista, el legislador afirmó que la propuesta no atiende la falta de profesionalización ni recupera la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
Señaló que el PRI defenderá un modelo basado en la experiencia, la preparación académica y la carrera judicial.
“Nosotros pensamos que se tiene que regresar a un sistema que le dé confianza a la población, que sea de estricto carácter académico, de experiencia y de carrera judicial y que hoy lo que tratan de resolver, pues es una parte de los problemas que generaron, si no veamos cómo está la Corte”, expresó.
Moreira sostuvo que la reforma planteada no solucionará las deficiencias que enfrenta actualmente el Poder Judicial, entre ellas la falta de cobertura, la saturación de expedientes y la percepción de poca confianza entre la ciudadanía.
Indicó que la elección de juzgadores mediante mecanismos como tómbolas o listas promovidas políticamente no garantiza perfiles capacitados.
Asimismo, consideró que la discusión debe enfocarse en fortalecer integralmente el sistema de justicia y no únicamente en modificar la forma de selección de jueces y magistrados.
Explicó que el país requiere más presupuesto para jueces, peritos, ministerios públicos y tribunales, además de una reforma profunda en materia de procuración de justicia y seguridad.
Advirtió que existen juzgados federales con hasta 15 mil expedientes, lo que hace imposible brindar justicia pronta y efectiva.
“Así es imposible garantizar que el ciudadano tenga satisfacción cuando se acerca a pedir justicia”, señaló.
Adelantó que el PRI dará “un gran debate” durante el periodo extraordinario y presentará contrapropuestas para regresar a un sistema de servicio profesional de carrera judicial certificado, donde los juzgadores sean evaluados por méritos, experiencia y rigor académico.
Finalmente, manifestó en que la iniciativa presidencial no mejorará la justicia en el país mientras no se atiendan problemas estructurales como la capacitación de fiscales, la profesionalización de defensores públicos y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
