El más reciente informe del Instituto para la Economía y la Paz indica sobre la reducción significativa de homicidios en México. Sin embargo, el propio Índice de Paz México 2026 advierte que este avance, aunque relevante, no representa necesariamente una mejora estructural en las condiciones de seguridad, sino más bien una reconfiguración de la violencia.
El descenso de 22.7% en homicidios y la mejora general de 5.1% en los indicadores de paz contrastan con el crecimiento sostenido de otros delitos como la violencia familiar, la extorsión y las desapariciones. Esta divergencia revela un fenómeno preocupante: la violencia no desaparece, se transforma. Deja de concentrarse en expresiones de alta letalidad para expandirse en ámbitos más cotidianos, menos visibles mediáticamente, pero con impactos profundos en la vida social.
Uno de los elementos más críticos del informe es la consolidación de la violencia familiar como el delito más frecuente en el país. Este dato no solo evidencia una crisis dentro de los hogares, sino también la incapacidad institucional para prevenir, atender y sancionar este tipo de violencia. A ello se suma el incremento en delitos cometidos con armas de fuego, lo que sugiere que la disponibilidad de armamento sigue siendo un factor no resuelto en la dinámica criminal, indica.
El aumento en las desapariciones —con más de 113 mil personas no localizadas desde 2010— representa otro de los puntos más delicados. No se trata únicamente de una cifra, sino de un indicador de la debilidad del Estado en tareas fundamentales como la investigación, la búsqueda y la procuración de justicia, refiere el estudio. La persistencia de este fenómeno erosiona la confianza ciudadana y pone en entredicho la capacidad institucional, indica.
En paralelo, la fragmentación de los grupos criminales ha generado un escenario más complejo. La atomización de los cárteles no ha reducido la violencia; por el contrario, la ha diversificado. Ahora se expresa en disputas territoriales más focalizadas, control de economías locales y expansión de delitos como la extorsión. Este cambio dificulta la contención, ya que multiplica los actores y reduce la capacidad de respuesta del Estado, agrega.
Otro foco de alerta es el sistema penitenciario. El crecimiento de la población privada de la libertad, junto con la sobrepoblación y el rezago judicial, refleja un modelo que privilegia el encarcelamiento sin resolver los problemas de fondo. Lejos de ser una solución, estas condiciones pueden incentivar la reincidencia y reproducir dinámicas de violencia.
Aunque el impacto económico de la violencia disminuyó 11.4%, aún representa el 11% del PIB nacional, una proporción considerable que evidencia que la inseguridad sigue siendo un lastre para el desarrollo. Además, la distribución desigual de este costo entre entidades confirma que la violencia en México tiene un fuerte componente territorial.
El informe también subraya un punto clave: la debilidad institucional. Sin un sistema de justicia eficaz, sin policías fortalecidas y sin capacidades suficientes de investigación, los avances en indicadores como el homicidio difícilmente serán sostenibles. La discusión no debe centrarse únicamente en la reducción de cifras, sino en la calidad y solidez de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
El think tank dirigido por Michael Collins señala que la construcción de paz no depende solo de disminuir la violencia letal, sino de fortalecer las condiciones estructurales que permiten reducir todas sus expresiones. En ese sentido, el principal desafío para México no es celebrar la mejora en ciertos indicadores, sino enfrentar la complejidad de una violencia que se adapta, se fragmenta y se infiltra en la vida cotidiana.
