Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma que facultaría al Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar información técnica a empresas de redes sociales y concesionarios de telecomunicaciones para detectar campañas automatizadas de desinformación, así como posibles esquemas de financiamiento irregular durante los procesos electorales.
La propuesta, impulsada por el morenista, Sergio Gutiérrez Luna, plantea adicionar el artículo 471 Bis a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad digital y prevención de campañas automatizadas de desinformación.
De acuerdo al documento, el INE podría establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades federales, empresas tecnológicas y plataformas digitales para identificar «patrones de difusión sistemática, automatizada o coordinada de propaganda que puedan afectar la equidad en la contienda electoral».
En la exposición de motivos, el legislador sostiene que las nuevas tecnologías han modificado profundamente la comunicación política, pero también han generado riesgos para la democracia.
«Las redes sociales, los sistemas de publicidad digital segmentada y los mecanismos automatizados de difusión constituyen hoy instrumentos centrales para la comunicación política», expuso.
Sin embargo, advirtió que también se han utilizado para impulsar «campañas sistemáticas de desinformación y esquemas opacos de financiamiento digital, muchas veces extranjero».
Refirió que la reforma otorgaría a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral facultades para requerir información técnica o estadística relacionada con operaciones automatizadas de difusión masiva, solicitar la preservación temporal de información digital vinculada con posibles infracciones electorales y emitir alertas institucionales sobre riesgos de manipulación artificial de la conversación pública.
Asimismo, dijo que podría dar vista a otras autoridades cuando detecte posibles conductas ilícitas, iniciar procedimientos sancionadores por propaganda ilícita o financiamiento irregular y solicitar medidas cautelares respecto de propaganda político-electoral pagada en contravención de la ley.
Apuntó que el proyecto define como operaciones coordinadas de difusión masiva aquellas acciones realizadas mediante «mecanismos automatizados, cuentas no auténticas o estructuras artificiales de amplificación digital destinadas a posicionar propaganda político-electoral o alterar indebidamente las condiciones de equidad en la contienda».
Gutiérrez Luna, resaltó que la reforma no busca crear mecanismos de censura “ni atribuir al INE la facultad de determinar la veracidad de opiniones o expresiones políticas».
Finalmente destacó que se establece que los mecanismos de colaboración tendrán «exclusivamente fines preventivos, analíticos, estadísticos, de preservación de evidencia y de investigación electoral» y que en ningún caso facultarán al INE para ordenar restricciones generales a la libertad de expresión.
