Como lo adelantó El Espectador, el Congreso del Estado de Colima reformó, este miércoles, el Artículo 240 bis del Código Penal para el Estado de Colima (denominado “Ley Ingrid”), para salvaguardar el ejercicio periodístico el derecho a la libre expresión, pues en su anterior redacción se criminalizaba a trabajadores de los medios de comunicación.
La redacción de este artículo generó que diversas organizaciones de periodistas, entre ellos Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (FAPERMEX), así como por el Club de Reporteros de Colima, A.C., el Club Primera Plana Capítulo Colima, la Comisión General Para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (COPIP), y periodistas de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo, presentaran una acción de Inconstitucionalidad que hizo suya la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima.
En los considerandos de esta reforma se argumentó que esta reforma al Código Penal, es porque las y los servidores públicos tienen el deber de respetar los derechos humanos y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los deben garantizar, promover y proteger de conformidad con los principios de universalidad que corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de interdependencia ya que se encuentran vinculados íntimamente entre sí.
Dijo que se debe garantizar, que tanto hombres como mujeres, accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades, a los bienes y servicios públicos.
Sin embargo a todo ello, puntualizó que con esa conciencia de la importancia que tienen los derechos fundamentales, es que se propuso esta reforma al tipo penal, con el fin de que no afecte otro derecho humano como es el de la Libertad de Expresión, «pues en una mala interpretación se ha expuesto que es aplicable al gremio periodístico que día con día hacen uso de esa prerrogativa».
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