El Congreso del Estado de Colina aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de fuero, la que señala que durante el tiempo de su mandato, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por lo que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
El pasado 27 de noviembre del presente año se turnó a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero.
Con esta reforma, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputada María Remedios Olivera Orozco, quien analizó la minuta y le dio lectura en tribuna, expresó que esta reforma constitucional señala que para proceder penalmente contra el Presidente de la República sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110.
En este supuesto, dijo que la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Remedios Olivera, refirió que, en el análisis de la minuta de reforma constitucional, se concluyó que el dictamen, responde a la necesidad de atender a la demanda social de abatir la impunidad que ha generado la protección constitucional o fuero de los altos servidores públicos de la Nación, en este caso, del Presidente de la República.
Señaló que queda claro que, con la aprobación del proyecto de decreto, se da un paso firme para avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad, ya que se da respuesta al clamor generalizado de eliminar el esquema de impunidad que desde la Constitución indebidamente se ha procurado con la protección de los servidores públicos, en este supuesto del Presidente de la República, la cual ya no debe de ser una excepción jurídica en absoluto respeto y cumplimiento del principio de igualdad ante la ley.
Olivera Orozco puntualizó que una vez más se reitera, con la Cámara Alta, que hay conciencia plena de que la corrupción y la impunidad permeó en todas las esferas de la vida pública del país, por lo que “damos cuenta de que la reforma constitucional que se propone es fundamental para su combate y erradicación, considerando como ejemplo a diversos países que han tomado medidas para prevenirla, perseguirla y castigarla, y teniendo como base los diversos instrumentos internacionales que en la materia se han suscrito y aprobado por nuestro país”.
