Escribe Carlos Marín
Aun si la mayoría incondicional del presidente López Obrador consiguiera imponer en el Congreso cambios constitucionales para intentar legitimar la contrarreforma eléctrica, los compromisos que México ha suscrito con el exterior no se modificarían y la nueva ley jamás entraría en vigor.
Desde 2013, cuando resolvió la contradicción de tesis 293, la Suprema Corte dejó en claro que la Constitución y los tratados internacionales tienen el mismo rango, y en este sentido fue la opinión, dicho sea de paso, del actual presidente del Poder Judicial federal, Arturo Zaldívar.
Pero las fracciones legislativas de Morena ignoran y desprecian el Derecho, así que no extrañe, como sucedió con la ley frenada por los jueces, que legislen a lo wey con el único propósito de complacer a quien les obsequió una fútil coartada existencial para sentirse “servidores públicos”.
Y es que los presuntos “abusivos privilegios” de las empresas generadoras de electricidad “limpia” solo reflejan que no entienden la diferencia entre los viejos permisos de autoabastecimiento (o porteo) por 25 años que comenzaron a otorgarse en 1992 (cuya tarifa era más económica) y la norma de transmisión aprobada en la reforma energética de 2013, con la que no se autorizan más, sino se privilegia un mercado mayorista en que la libre competencia rige para generación y comercialización.
Fuerte reproche a López Obrador le hizo la semana pasada su abogado en el caso del desafuero de hace 15 años, el constitucionalista Elisur Arteaga: “El Poder Judicial de la Federación ha sido objeto de un ataque infundado e imperdonable de parte del presidente de la República. Por venir de quien viene es grave; por estar referido al Poder Judicial Federal, peligroso. Ameritó el ataque un hecho que es común en la administración de justicia: una suspensión provisional en un amparo enderezado a combatir reformas a la Ley en materia eléctrica.
El señor presidente no se midió; tampoco tuvo idea del alcance de su despropósito. Sus declaraciones fueron más allá de ser una de sus tantas ‘ocurrencias’. Son una soberana torpeza política y un atentado contra el Estado de Derecho”.
Le recordó que en 2006 “los abogados recurrimos ante los tribunales en defensa de usted, nos quejamos de la interferencia que Vicente Fox Quezada, como presidente de la República, estaba haciendo en la actuación del Poder Judicial (…).
En su momento le dije que eso era un delito (pero) el atentado de usted va más allá. Con él destruye el Estado de Derecho y atenta contra el principio de división de poderes…”.
De requerirlo si en el futuro AMLO es perseguido, “tenga la seguridad de que habrá abogados dispuestos” a defenderlo sin “traicionar a la patria”, así como “jueces independientes que le concedan no una, sino todas las suspensiones que sean procedentes para defender su vida, familia, libertad, patrimonio e intereses.
Si vivo, pues tengo 84 años de edad, tenga la seguridad de que, si me lo pide, estaré nuevamente a su lado para defenderlo…”.
