«Esta Legislatura habrá concluido sin haber logrado legislar para eliminar la inconstitucional prohibición absoluta de la mariguana».
Se cumplió el plazo y el Congreso no cumplió. El mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue desobedecido y esta Legislatura habrá concluido mañana sin haber logrado legislar para eliminar la inconstitucional prohibición absoluta de la mariguana, de acuerdo con lo estipulado en la jurisprudencia emitida el 22 de febrero de 2019.
Ya sabemos cómo se las gastan los políticos mexicanos, los mismos de siempre, encabezados por López Obrador, que como dicen una cosa, al día siguiente dicen otra y siguen tan campantes. Foto: Carlos Alberto Carbajal, Cuartoscuro.
Después de más de dos años de un tortuoso proceso de dictamen, con dos prórrogas concedidas por la Corte, la primera por incapacidad manifiesta y la segunda por la pandemia, se produjo un engendro difícilmente digerible pero que, al fin y al cabo, daba un paso adelante en la creación de un mercado regulado de cannabis para uso adulto y abría paso al surgimiento de una industria del cáñamo en México. Entonces el Senado le envió su minuta a la Cámara de Diputados solo para que está terminara de deformar al adefesio, finalmente nonato.
El aborto legislativo padecía grandes males congénitos: no despenalizaba la posesión simple ni el cultivo que no pudiera cumplir con los enrevesados requisitos establecidos, en buena medida concebidos para beneficiar a las empresas canadienses desarrolladas al amparo de la legalidad que ya las protege en su país de origen y que buscaban expandir su producción en el benigno clima mexicano. El proyecto enviado por los senadores a los diputados abría oportunidades de negocio que se antojaban jugosas, a pesar de no garantizar los derechos de los consumidores víctimas de una prohibición inicua y de apenas abrir un resquicio para resarcir el daño infligido por décadas a las comunidades campesinas productoras de cannabis para el mercado clandestino, víctimas por igual de las organizaciones del narcotráfico como del Estado mexicano.
Pero el negocio no prosperó por los costurones dejados a su paso por la Cámara baja, que, entre otras lindezas, prohibía taxativamente la exportación. Si bien le limaron algunos de los excesos punitivos añadidos al Código Penal Federal por los senadores –que en lugar de despenalizar por completo habían enmarañado más las sanciones aplicables al comercio de la sustancia que supuestamente estaban legalizado– los diputados acabaron por empeorar notablemente el de por sí fallido proyecto de regulación integral.
Cuando les rebotó el proyecto, la mayoría de los senadores parecía inclinada a aprobar el envío de los diputados tan contrahecho como estaba. Las comisiones que lo discutieron dictaminaron que quedara tal cual, aunque nunca se reunió la Comisión de Salud para hacer la tarea. Sin embargo, el líder Monreal comenzó a dar señales de que el parto de los montes no ocurriría, pues anunció que estaba pensando solicitar a la Corte una nueva prórroga. Finalmente, mató el proceso el martes pasado cuando anunció la epifanía surgida en su bancada de que debía abrirse el paso para que la Suprema Corte de Justicia haga la declaratoria general de inconstitucionalidad de los cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo de mariguana lúdica.
De un plumazo, sin siquiera guardar las formas de obligado respeto al trabajo de las comisiones, el líder de los senadores de Morena decretó el rechazo a los cambios hechos por los diputados y decidió esperar el vencimiento del plazo fijado por la Corte para el 30 de abril. Así, Monreal aceptó el fracaso de la Legislatura y su propia incapacidad para encauzar el proceso regulatorio. Algo, empero, chirría en este desenlace, algo no cuadra cuando se revisa la eficacia del líder de la mayoría para lograr apoyo a sus contrarreformas cargadas de populismo punitivo, como la ampliación desmedida de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, para aprobar un simulacro de amnistía, para sacar con apoyo plural el retroceso en la autonomía de la Fiscalía.
El Gobierno que anunció un cambio en la política de drogas, que prometió acabar con la guerra contra el narcotráfico y abrir un proceso de justicia transicional, se aferra en cambio al prohibicionismo, deforma cualquier posibilidad de transformación del sistema de justicia, militariza al extremo al Estado, reestablece la pax narca y traiciona todas sus promesas. Mientras tanto, Olga Sánchez Cordero, por poner un ejemplo, se mantiene tan cómoda en su pedestal, sonriente, mostrando la desfachatez de su incongruencia al seguir en su puesto. Pero ya sabemos cómo se las gastan los políticos mexicanos, los mismos de siempre, encabezados por López Obrador, que como dicen una cosa, al día siguiente dicen otra y siguen tan campantes.
