La nueva consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, señaló que la solicitud formal de extradición en el caso Sinaloa presenta elementos que deben cumplirse de manera estricta conforme al tratado bilateral, y enfatizó que parte de la información del proceso se debe mantener bajo confidencialidad.
En la conferencia mañanera enfatizó sobre el riesgo de generar percepciones equivocadas a partir de información incompleta, al señalar que la difusión anticipada o imprecisa de datos puede derivar en un juicio público que distorsiona el proceso legal y presiona indebidamente a las instituciones encargadas de conducirlo.
“Se ha generado un linchamiento mediático a partir de información que no corresponde al momento procesal en el que estamos; por eso es fundamental actuar con responsabilidad y respetar la confidencialidad del caso”, afirmó.
Durante su intervención, explicó que es fundamental distinguir entre una solicitud formal de extradición y una solicitud de detención provisional con fines de extradición, ya que ambas figuras están reguladas de manera distinta. Detalló que la solicitud formal, contemplada en el artículo 10 del tratado entre México y Estados Unidos, debe presentarse por la vía diplomática e incluir requisitos específicos.
Entre estos elementos, precisó el delito por el cual se acusa a la persona, una relación detallada de los hechos imputados, los fundamentos legales que tipifican la conducta, las disposiciones que establecen la pena correspondiente y las normas sobre prescripción. Además, subrayó que se deben integrar datos de prueba suficientes que permitan establecer la probabilidad de que la persona haya cometido el delito.
Luisa María Alcalde puntualizó que la ausencia o insuficiencia de alguno de estos componentes puede derivar en observaciones o requerimientos adicionales dentro del procedimiento, lo que incide en los tiempos del proceso. En ese sentido, hizo un llamado a evitar la difusión de información inexacta sobre el estado de la extradición.
Asimismo, destacó que, por la naturaleza jurídica del caso, ciertos aspectos del expediente no pueden hacerse públicos. “Vale la pena puntualizar en qué momento del proceso estamos para que no haya información falsa que se difunda”, indicó, al reiterar que la confidencialidad es una condición necesaria en este tipo de procedimientos internacionales.
La funcionaria indicó que el seguimiento del caso continúa conforme a los mecanismos legales establecidos, en coordinación con las instancias correspondientes y en apego a los compromisos internacionales suscritos por México.
