El gobierno federal enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer mecanismos que permitan a los partidos políticos verificar la integridad de sus aspirantes y evitar posibles vínculos con la delincuencia organizada, informó la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján.
La propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, adscrita al Instituto Nacional Electoral, integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General por un periodo de tres años.
Este órgano funcionaría como enlace entre los partidos políticos que participen voluntariamente y diversas instancias de seguridad e inteligencia, como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de revisar perfiles de aspirantes.
El mecanismo establece que los partidos podrán entregar listas de aspirantes para su análisis. Posteriormente, las instituciones consultadas determinarían si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada, sin revelar detalles de investigaciones en curso. Con base en ello, la comisión informaría a los partidos, que mantendrán la decisión final sobre el registro de candidaturas.
La iniciativa también plantea que las personas aspirantes otorguen su consentimiento para ser evaluadas, mientras que todo el proceso se desarrollará bajo estricta confidencialidad para no afectar el debido proceso.
Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció además el envío de otra iniciativa para modificar la reforma al Poder Judicial y aplazar la elección de sus integrantes hasta 2028, con el objetivo de garantizar mejores condiciones en su implementación.
Explicó que la propuesta será presentada por la consejera jurídica y se buscará que sea discutida en un periodo extraordinario por la Cámara de Diputados y el Senado, para posteriormente ser avalada por los congresos estatales.
La mandataria detalló que, además del ajuste en el calendario, la iniciativa contempla reforzar las capacidades del Instituto Nacional Electoral para revisar los perfiles de aspirantes a cargos de elección popular y evitar la participación de personas con posibles vínculos delictivos.
“Se trata de fortalecer la democracia y asegurar mayor integridad en las candidaturas”, señaló.
El gobierno federal indicó que ambas propuestas responden a la necesidad de anticipar mecanismos de control que permitan mayor transparencia y confianza en la selección de aspirantes, particularmente rumbo al proceso electoral de 2027.
