La Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) puso en marcha la campaña 100
sentencias de La Corte, que hacen justicia a las personas mexicanas, cuyo objetivo es difundir
de manera sencilla y completa las sentencias que han impactado en la vida de las personas
excluidas, marginadas y en situación de vulnerabilidad de nuestro país.
Ante la reforma al Poder Judicial bajo el argumento de la falta de justicia en M cinco y corrupción entre los jurzgadores, la Suprema Corte busca demostrar con casos reales, la labor de los impartidores de justicia y su labor en favor de la sociedad.
A través de las redes sociales de La Corte y con el hashtag #100Sentencias, pueden
identificarse los precedentes resueltos por las ministras y los ministros que integran el Pleno,
así como la Primera y Segunda salas, que otorgaron una amplia protección de los derechos
humanos reconocidos por México:
Derecho a la igualdad y no discriminación, propiedad intelectual, libertad religiosa, salud, libre desarrollo a la personalidad, derechos económicos, sociales y culturales; a favor de niñas, niños y adolescentes,
personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores, pueblos originarios,
comunidades afromexicanas y afrodescendientes, comunidad LGBTI+, entre otros.
La campaña difunde los principales argumentos que fundamentaron cada una de las
decisiones, el derecho protegido, su relación con las tesis aisladas y de jurisprudencia, así
como un enlace para consultar el expediente.
Las 100 sentencias de la Corte, que hacen justicia a las personas mexicanas pretenden que sean conocidas por las personas especializadas o cercanas a los temas del derecho y
principalmente para quienes desconocen los alcances y decisiones que a lo largo de su
historia reciente ha tomado ls SCJN
Una de estas sentencias fue en 3019, cuando l a Suprema Corte establecio que las uniones matrimoniales en edades tempranas representan una amenaza para los derechos fundamentales de las niñas, incluyendo el acceso a la educación, la salud, la vida, la libertad y la autonomía.
Eso en respuesta a la acción de inconstitucionalidad (22/2016) presentada por la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, bajo la dirección de Jesús Eduardo Martín Jáuregui, quien solicitó a la Corte que se permitiera la posibilidad de dispensas para que los adolescentes pudieran casarse a partir de los 16 años.
