La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó varios artículos de la Ley para la Protección de las Personas Migrantes del estado de Aguascalientes, argumentando que invaden la esfera federal.
La Corte considera que el Congreso de la Unión es el único con la facultad de legislar en materia migratoria.
Entre los artículos declarados inválidos se encuentran el 29, que establecía un Registro Estatal de Personas Migrantes, y el 30, que permitía a las autoridades estatales y municipales preguntar a los migrantes si deseaban ser inscritos en dicho registro.
La ministra ponente, Yasmín Esquivel Mossa, argumentó que ya existe un registro nacional de extranjeros previsto en la Ley de Migración.
La Corte también invalidó el párrafo uno del artículo 20, que limitaba la atención médica a los migrantes al sector público. La ministra Esquivel Mossa señaló que la atención médica debe ser universal e independiente de la situación migratoria.
La decisión de la Corte ha sido recibida con reacciones encontradas. Algunos grupos de defensa de los derechos de los migrantes argumentan que la invalidez de la ley de Aguascalientes debilita los esfuerzos estatales para proteger a los migrantes. Otros grupos, sin embargo, consideran que la decisión de la Corte es un paso necesario para garantizar que la legislación migratoria se mantenga dentro de la esfera federal.
La presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, ha aclarado que la sentencia surtirá efectos una vez que sean notificados los resolutivos, aunque los engroses de las sentencias pueden tardar en llegar a los Congresos locales.
La decisión de la Corte tiene implicaciones importantes para el estado de Aguascalientes y para la legislación migratoria en todo México. Se espera que el Congreso de Aguascalientes revise la ley para adaptarla a las nuevas directrices establecidas por la SCJN.
