La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó un artículo del Código Penal del Estado de Yucatán que castiga con penas que van de uno a tres años de prisión y que se pueden elevar al doble para padres de familia, tutores y psiquiatras que obligan a personas con discapacidad a someterse a terapias de conversión debido a su orientación sexual.
El fallo derivó de una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual demandó la invalidez de diferentes porciones normativas del artículo 243 Ter 1.
El precepto habla de personas “incapaces”, término que dijeron los ministros es anacrónico e inconstitucional, pero que decidieron dejar vigente para no dejar en estado de indefensión a las personas con discapacidad.
El proyecto fue presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, el cual fue aprobado en sus términos.
Una parte de los ministros propuso declarar la invalidez total del artículo y ordenar al Congreso de Yucatán a legislar sobre el tema en un plazo, para sustituir la palabra “incapaces” por discapacidad. Sin embargo, no se alcanzó la votación necesaria.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García señaló que el término “incapacidad” para referirse a personas con discapacidad no solamente es regresivo, sino que es además estigmatizante.
“Hay que señalarlo, mantener terminología como incapaces en la legislación vigente contraviene lo dispuesto en el artículo octavo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el cual establece a su vez que los Estados deben tomar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes.
El Pleno solo declaró la invalidez de la porción normativa “el libre desarrollo de la personalidad,” debido a que su redacción es confusa.
