La diputada María Teresa Ealy Díaz, integrante de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, con el objetivo de reconocer de manera explícita la violencia en relaciones de pareja, expareja, concubinato o cualquier vínculo afectivo como violencia de género.
La propuesta contempla modificaciones al artículo 6 y la adición de un artículo 7 Bis, con lo que se busca cerrar vacíos legales que han limitado el acceso efectivo a la justicia para mujeres que sufren agresiones en contextos afectivos, especialmente cuando no existe un vínculo formal o convivencia con el agresor.
En la exposición de motivos, la legisladora advirtió que la violencia contra las mujeres es una de las violaciones a derechos humanos más graves y persistentes en el país, y subrayó que este fenómeno se mantiene en relaciones donde históricamente se han normalizado prácticas de control, dominación y desigualdad.
La iniciativa destaca que la violencia no termina con la ruptura de la relación, sino que puede intensificarse en ese momento, con conductas como acoso, amenazas, violencia económica, digital, física o sexual, lo que incrementa el riesgo para las víctimas.
El proyecto establece que este tipo de violencia deberá atenderse bajo principios como la debida diligencia reforzada, la perspectiva de género, la prevención del riesgo feminicida y la protección integral, con el fin de fortalecer la actuación de las autoridades y evitar la revictimización.
Asimismo, incorpora de forma expresa como violencia de género aquella ejercida por cónyuges, concubinos, parejas o exparejas, incluyendo cualquier persona con la que exista o haya existido una relación sentimental o íntima, para evitar interpretaciones restrictivas que minimicen estas agresiones como conflictos personales.
La legisladora señaló que el objetivo es “nombrar para proteger”, al reconocer jurídicamente estas formas de violencia y garantizar medidas de protección inmediatas para las víctimas.
La propuesta también plantea la armonización legislativa en las entidades federativas y la capacitación obligatoria del personal encargado de atender estos casos, con el fin de consolidar un marco jurídico más eficaz en la protección de los derechos de las mujeres.
