Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, brindó el penúltimo informe de “Cero Impunidad”, en el que detalló el caso de los dos jueces que dieron un amparo para suspender la reforma judicial.
El primer caso se trata de la jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, concedió una suspensión de oficio a diversos jueces federales que promovieron un amparo contra la Reforma al Poder Judicial que se discute en la Cámara de diputados, pues considera que ésta podría generarles un daño de imposible reparación.
Bucio indicó que el efecto de esta suspensión es para que, el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa que reforma adiciona y deroga la Constitución Federal con respecto al Poder Judicial (el cual ya fue discutido y aprobado en 26 de agosto de 2024 por la Comisión de Puntos Constitucionales) no surta efecto para los quejosos.
Y el otro caso involucra al juez tercero de distrito en el Estado de Chiapas, Felipe V Consuelo Soto, otorgó una suspensión de oficio a otros jueces federales que promovieron un amparo contra la reforma al Poder Judicial para evitarle daños y perjuicios de difícil reparación.
El funcionario detalló que los efectos de la suspensión serían para que el H Congreso de la Unión se abstenga de enviar el dictamen a las Legislaturas de los Estados y de la CDMX para la aprobación correspondiente, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva en este amparo.
En cuanto a los casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes, reportó que los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Jalisco, otorgaron un amparo el 13 de agosto de 2024 a 13 personas, aparentemente asociadas al CJNG, para dejar sin efecto al aseguramiento que realizó la FGR en noviembre de 2021.
